Recurso fue interpuesto contra el Servicio de Evaluación Ambiental por negarse a invalidar los permisos ambientales para la construcción de la iniciativa, que involucra una inversión de US$120 millones. La instancia judicial consideró una correcta evaluación del área influencia del medio marino y constató que 48 de los demandantes carecían de la “legitimación” para accionar la reclamación.
La demanda que interpusieron 139 pescadores artesanales contra las obras de ampliación del puerto de Coquimbo, bajo concesión por el Terminal Puerto de Coquimbo (TPC) llegó a su fin. Esto luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) decidiera rechazar la reclamación contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por negarse a invalidar los permisos ambientales para la construcción de la iniciativa, que involucra una inversión de US$120 millones.
La conformada por los jueces Mauricio Oviedo, Cristián López y Sandra Álvarez (esta última presidenta del 1TA y redactora del fallo) consideró que la resolución reclamada fue dictada conforme a la normativa ambiental “sin que concurran a su respecto los vicios de ilegalidad denunciados”.
Ello, toda vez que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada al incorporar todas las partes, obras y acciones del proyecto e identificar adecuadamente los elementos del medio ambiente potencialmente receptores de los impactos del Proyecto. Asimismo, consideró que el área de influencia del medio humano también fue determinada correctamente, identificando de forma adecuada los grupos humanos que desarrollan sus actividades de pesca artesanal y turística operativas en la bahía de Coquimbo, para luego clarificar la significancia de los impactos ambientales.
“Se descartaron adecuadamente los impactos sobre los otros componentes ambientales (aire, calidad físico-química de la columna de agua de mar, medio humano, componente vial, fauna terrestre). Se han descartado correctamente los impactos acumulativos alegados”, agregó.
Junto a ello, los magistrados constataron que de las 139 personas naturales reclamantes, 48 carecían de la legitimación activa necesaria para accionar de reclamación en sede judicial, todas las cuales fueron individualizadas.
Actualmente, la ampliación y modernización del puerto de Coquimbo se encuentra con obras en plena ejecución, con objeto aumentar la capacidad de transferencia de carga del terminal portuario. Las principales partes son: la habilitación de la zona pavimentos para la circulación de vehículos propios de la actividad portuaria; la construcción de un nuevo muelle multipropósito para la operación de los nuevos sitios de atraque Nº 3 y Nº 4 y la reparación estructural de actuales sitios de Atraque Nº 1 y 2, que hoy se encuentran en funcionamiento.
El 25 de mayo en 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto de TPC. Sin embargo, a inicios de este año, el SEA resolvió un recurso de reclamación al no acreditarse el interés de la solicitud de invalidación de 48 de las 139 personas que firmaron el escrito.
Asimismo, TPC consultado por el SEA en el proceso, la empresa esgrimió que no existió vicio alguno en el procedimiento, puesto que las cuestiones levantadas por los requirentes son “falsas” jurídica y materialmente, y que obedecen a “juicios y opiniones” que se sometieron a evaluación ambiental y al escrutinio de los servicios públicos. Y que “pudieron haber sido expuestas en las instancias de Participación Ciudadana y que los solicitantes decidieron no hacer”.
Junto a ello, el SEA consideró que las materias alegadas no se indica la supuesta norma infringida. “limitándose a transcribir observaciones formuladas en el proceso de evaluación ambiental, omitiendo la respuesta entregada por la empresa”, discrepando no solo del titular, sino del Comité Técnico Revisor.
