¿Han existido otras causas ambientales en que la Corte Suprema haga un llamado a conciliación?

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De Castilla a un complejo inmobiliario de Nicolás Ibáñez, los bullados casos de conciliación propuestos por la Corte Suprema.
La medida, si bien aún es considerada inédita para este tipo de controversias, ya ha sido adoptada anteriormente para ciertos casos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema llamó a conciliación en la causa en que se revisan los recursos presentados por opositores al proyecto minero-portuario Dominga, los que apuntan a anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó una nueva votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que finalmente decidió otorgar el permiso ambiental a la iniciativa de hierro de Andes Iron.
La audiencia será el miércoles 12 de enero de 2022, a las 13:30 horas, consigna la resolución de los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivando, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus. En caso de no prosperar, será este último magistrado quién deberá redactar el veredicto final.
La medida, si bien aún es considerada inédita para este tipo de controversias, ya ha sido adoptada anteriormente para ciertos casos. Por ejemplo, en 2012, fue la propia Tercera Sala la que llamó a una audiencia para que organizaciones sociales y los representantes de la Central Termoeléctrica Castilla, de propiedad de entonces empresario brasileño Eike Batista, llegaran a un avenimiento, en el marco de los recursos de protección presentados en contra del proyecto que estimaba una inversión de US$4.500 millones.
Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem y Juan Escobar (suplente), decidieron convocar el proceso, que estuvo a cargo del juez Muñoz, pero que finalmente fracasó al no lograrse acuerdo entre los recurridos y los recurrentes.

Valparaíso
Se creía que la Municipalidad de Valparaíso y la Inmobiliaria del Puerto, ligada al empresario Nicolás Ibáñez, iban a sellar un acuerdo por el proyecto Parque Pumpin, pero finalmente no fue así. Las partes se habían reunido en dos audiencias de conciliación en mayo y julio de este año.
En la primera instancia, el presidente de la sala, Sergio Muñoz, hizo recomendaciones a la inmobiliaria para generar bases de conciliación. En la segunda, la empresa informó que las había acogido en general. Por ejemplo, el Muñoz había propuesto reducir la cantidad de torres que contemplaba el plan de construcción. La inmobiliaria decidió disminuir de 23 a 15 edificios. También se accedió a moderar la altura, que no iba a superar los 12 pisos.
Incluso, en el terreno donde se busca emplazar la construcción, la firma había señalado que iba a usar un 25%, y el resto estaría destinado para parques y jardines.
La propuesta fue sometida a votación por los miembros del Concejo Municipal de Valparaíso. El resultado: se rechazó la propuesta.
El alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, destacó que la votación fue unánime y que “esto supone que, de forma mayoritaria, el Concejo Municipal tiene una opinión contraria al desarrollo de este proyecto inmobiliario”.
Tras cuatro años de tramitación, en septiembre de este año, la Corte Suprema falló a favor de la inmobiliaria, considerando ilegal el actuar del jefe comunal porteño.

Jurisprudencia desde Coquimbo
En el mes de mayo de 2020, vecinos de la localidad de Caimanes solicitaron al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta la invalidación de la resolución que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto de Infraestructura Complementaria, INCO, de Minera Los Pelambres”.
El principal asunto controvertido en la mencionada reclamación, fue el proceso de participación ciudadana (PAC), llevado adelante por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante la evaluación del proyecto. Los reclamantes sostuvieron en su acción que no fueron involucrados en el proceso de participación ciudadana (PAC), que exige la evaluación ambiental como requisito para la aprobación del proyecto, no obstante, su afectación directa o indirecta a los residentes de la localidad de Caimanes (Los Vilos).
El Primer Tribunal Ambiental, mediante sentencia de 05 de octubre de 2020, decidió rechazar la reclamación interpuesta. En contra de lo resuelto, los reclamantes dedujeron recurso de casación en el fondo ante la Excma. Corte Suprema.
En este contexto, la Tercera Sala de nuestro máximo tribunal, el mismo día en que se escucharon los alegatos y luego de haberse adoptado el respectivo acuerdo, ordenó citar a las partes a una audiencia de conciliación. La referida audiencia se llevó a cabo el 24 de junio del presente año y estuvo a cargo del ministro Sergio Muñoz Gajardo.
En ella, se les propuso a las partes bases de conciliación respecto de la materia.
En 2008, otro comparendo citado por la Tercera Sala del máximo tribunal, se llegó a acuerdo entre Minera Los Pelambres (MLP) y los demandantes, que retiraron el recurso de reclamación contra la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) que autorizó la construcción de El Mauro y se desisten de otros seis juicios.
Los reclamantes reconocieron la competencia legal de la DGA, así como la validez de los permisos obtenidos por la minera y de los derechos de agua de MLP.
Con esto Minera Los Pelambres pudo finalizar las obras de construcción del tranque, necesario para su Plan Integral de Desarrollo, que extendió la vida del yacimiento.
La conciliación involucró un pago de US$ 23 millones por parte de MLP, monto que incluye la compraventa a Víctor Ugarte de los fundos “Tipay” y “Romero” –con un total aproximado 8.000 hectáreas-, así como sus derechos de agua, y una compensación a los demandantes de Caimanes, entre los que se cuentan personas naturales y cinco organizaciones.