SONAMI monitorea presuntas irregularidades en remates de patentes mineras en la región de Coquimbo, y evaluaría una demanda al fisco

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Algunas colectividades han interpuesto recursos para impedir los procesos que están agendados para estos días, y acusan que se han adelantado las fechas para efectuar el procedimiento. Situación más crítica estaría en Limarí, puesto que en Ovalle, Punitaqui y Monte Patria igualmente se desafectaron a sus dueños de la propiedad, pese a la cancelación previa de la deuda.

En la edición 1413 de Semanario Tiempo se advirtió que a mediados de este mes se produciría el remate de gran parte de las 8 mil concesiones mineras por patentes de exploración y explotación impagas, situación que afecta mayormente a la pequeña minería de la región de Coquimbo.
Desde septiembre del año en curso, el Boletín Minero de la República de Chile ha emanado in-formes con aquellas que están llamadas a rematarse, fijando las fechas para los interesados en participar en las subastas. De acuerdo a ese suplemento especial del Diario Oficial, son 7.945 con-cesiones mineras que salieron a remate en la región de Coquimbo, siendo algunas de las compraventas ya efectuadas, mientras que otras se concretará el procedimiento estos días. Por ejemplo, si se ajusta a calendario, hoy será el turno entre quienes estén afectados en Paihuano, La Higuera, Vicuña e Illapel, mientras que el 23 de enero en 2023 será el turno para Combarbalá. Ayer, se procedió a rematar en La Serena.
Sin embargo, las asociaciones gremiales de las comunas en la región no solo han detectado irre-gularidades en los procesos, especialmente en las comunas de Ovalle, Punitaqui y Monte Patria, sino que el escenario es revisado de cerca por la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) por presuntas anomalías, gremio que en caso de verificarlas podría incluso entablar una demanda contra el fisco.
Héctor Páez, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Higuera y director de SONAMI sostuvo que en las comunas de la provincia Limarí “se ha mostrado una ignorancia por parte de la Tesorería General de la República ya que se efectuaron remates con patentes pagadas”. “No puede ser que un minero pierda su patente de esa forma. Hay un desorden”, agregó.
Durante el primer semestre de este año, la Tesorería inició el proceso de recaudación de las patentes impagas de las concesiones mineras para exploración y explotación a lo largo del país. Las resoluciones y las nóminas se publican en el mencionado suplemento, debiendo esa entidad digitalizar e ingresar a la causa, a través de la Oficina Virtual del Poder judicial, con la debida antelación necesaria antes de la fecha de realización del remate solicitado.
Los juzgados de Letras y Garantía de las respectivas comunas establecieron la modalidad de videoconferencias, por la plataforma Zoom, para concretarlas, especialmente por el alto número de interesados que deseen recuperar o adquirir los permisos.
Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que, si bien se luchó harto para evitar los remates, “los asociados quedaron en una situación compleja y con problemas, ya que perdieron sus pertenencias, y tendrán que esperar hasta terminar el proceso para conocer quienes son los nuevos dueños”.
“Aun así, se presentaron varios recursos para invalidar los remates, pero el Juez no atendió algunos, aunque existe la posibilidad que algunos se acojan. La Tesorería tenía presión por los recursos, pero hubo pocos adjudicatarios, pasando a declararse terreno franco”, precisó.
Otros problemas para el presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Mineros y Pirquineros de Monte Patria, Carlos Gallardo, es que han solicitado a Sernageomin que las empresas que ingresan a mensurar a ese territorio no logren obtener pertenencias, hasta que no se resuelvan las deudas pendientes de las patentes. Ello, pues no solo los obliga a regularizar pedimentos que ya se encuentran otorgados, sino que deben contratar los servicios profesionales de un abogado particular para aclarar aquello.

“Muerte anticipada a la pequeña minería”
El remate público remoto está dispuesto por la Corte Suprema mediante el Acta Nº13 de fecha 11 de enero de 2021, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de enero de 2021, sobre “Auto Acordado para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de videoconferencia en Tribunales”.
Conocedores del proceso señalaron que si bien es complejo para los pequeños mineros perder su yacimiento que han mantenido toda la vida, también los terrenos que no consigan rematarse quedan libres o “franco”, lo que permite que nuevos privados -que incluso pueden ser extranjeros lleguen interesados.
El artículo 155 del Código de Minería establece que, si no hay postor por alguna concesión o lote, el juez declarará franco el terreno y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Conservador de Minas.
Sin embargo, Páez recordó que “el remate es mal visto, especialmente en zonas rezagadas como La Higuera, donde la actividad está agravada por la sequía y su desarrollo es la única fuente de ingreso para pequeños productores, más aún entre quienes no tienen todos los recursos para cancelar completamente sus compromisos”.