La irrupción de la inteligencia artificial en el aparato estatal ya no pertenece al terreno de la especulación ni del entusiasmo tecnológico; es una transformación profunda que reconfigura diariamente la gestión pública, la administración de justicia y el control institucional.
Desde la automatización de trámites ciudadanos hasta modelos analíticos para la asignación de recursos o la auditoría del gasto público, los sistemas inteligentes ofrecen una eficiencia inédita. Sin embargo, este despliegue acelerado sitúa al Estado frente a una encrucijada crítica: ¿cómo aprovechar el potencial del procesamiento de datos sin sacrificar la transparencia algorítmica, el Estado de derecho y la responsabilidad pública?
En el ámbito judicial, la incorporación de herramientas de asistencia basada en IA, como Microsoft Copilot, ha obligado a fijar deslindes éticos y normativos estrictos. Las directrices dictadas para los tribunales han sido categóricas: cualquier sistema automatizado debe operar de manera exclusiva como un insumo de apoyo administrativo, resumidor o documental. La responsabilidad individual e institucional del funcionario o magistrado se mantiene insoslayable e indelegable; ningún algoritmo puede sustituir la ponderación humana, la valoración de la prueba ni el razonamiento jurídico fundado al dictar una resolución. A ello se suma la ineludible obligación de resguardar la confidencialidad de las causas, prohibiendo ingresar datos sensibles a modelos externos que pongan en riesgo la privacidad. En los tribunales, la tecnología agiliza procesos, pero el juzgar sigue siendo un acto ético reservado a las personas.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha asumido un rol protagónico en el uso de la inteligencia artificial para proteger el patrimonio público. Bajo la conducción de la contralora general, Dorothy Pérez, el órgano fiscalizador ha fortalecido el cruce masivo de datos en licitaciones y contrataciones para detectar señales tempranas de corrupción. No obstante, este despliegue enfrenta el dilema de la opacidad algorítmica. Un Estado que fiscaliza mediante algoritmos debe garantizar que sus propios modelos no operen como “cajas negras”. La probidad exige no solo perseguir la falta administrativa con tecnología de punta, sino también asegurar que los criterios de ponderación sean inteligibles, auditables y sujetos al control ciudadano.
En este escenario cobra estratégica relevancia la propuesta de la Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) junto a la CEPAL. RIEA presentó una hoja de ruta basada en un modelo de tres etapas: declarar, verificar y fiscalizar. El esquema propone que los organismos públicos declaren sus sistemas de IA bajo estándares de la CEPAL, que un tercero independiente verifique la evidencia pública (contratos y presupuestos) sin carácter sancionatorio, y que la fiscalización se mantenga como potestad exclusiva de la Contraloría. Complementado con la guía de señales de alerta de corrupción y el reconocimiento “Confianza Chile 2026”, el modelo instala un marco concreto de transparencia algorítmica.
La confianza ciudadana no se decreta ni surge automáticamente por la modernización digital del Estado; se edifica con evidencias concretas, estándares éticos y reglas transparentes. La inteligencia artificial debe consolidarse como un motor de probidad y eficiencia al servicio de las personas, pero siempre bajo un enfoque rigurosamente humano-céntrico. En la era de la automatización, gobernar el algoritmo es indispensable para resguardar la democracia: la tecnología puede potenciar la gestión pública, pero la ética, el criterio y la responsabilidad humana deben conservar la última palabra.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
