La tragedia en Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora e hirió a compañeros, muy probablemente evidencia una profunda crisis de violencia social que atraviesa a nuestros niños y adolescentes. Amenazas de tiroteos, peleas callejeras entre compañeros e incluso amenazas a profesores.
El hecho de Calama que ocurrió en pleno horario escolar no es un hecho aislado, sino reflejo de un deterioro más amplio que tensiona la confianza en las instituciones.
Pero quizá el tema más delicado es que muchos jóvenes hoy son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Quienes delinquen suelen provenir de entornos marcados por la violencia, perpetuando un ciclo que reproduce las faltas de oportunidades y sigue marginando a nuevas generaciones.
Según datos de UNICEF, más de 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes viven en el país, representando el 24,3% de la población. La misma organización y la Organización Panamericana de la Salud advierten sobre al menos cinco formas de violencia que afectan a la niñez: violencia armada, disciplina violenta, bullying, violencia digital y violencia sexual. En Chile, resulta especialmente alarmante que un 62,5% de los cuidadores reconozca el uso de prácticas violentas en la crianza.
A esto se suma una dimensión crítica: la salud mental. Un porcentaje relevante de adolescentes enfrenta dificultades psicosociales y problemas de salud mental, y casi uno de cada cinco ha manifestado pensamientos suicidas.
Si bien reforzar la seguridad es necesario, no es suficiente. Medidas como detectores de metales, aunque bien intencionadas, no abordan el problema de fondo.
Y la evidencia es clara: las estrategias más efectivas son aquellas que priorizan la prevención. Esto implica avanzar en programas integrales que fortalezcan las habilidades socioemocionales, mejorar el acceso a servicios de salud mental y acompañar de manera activa tanto a estudiantes como a sus familias. Del mismo modo, es fundamental fortalecer el rol de los docentes mediante capacitación y apoyo especializado.
Como sociedad debemos hacernos cargo. Todos desde su propio espacio debe contribuir. Es un tema país y no sólo de los profesores y directores de colegios. No podemos normalizar la violencia en las aulas. Urgen medidas estructurales que fortalezcan a la comunidad educativa y permitan avanzar hacia respuestas que trasciendan lo reactivo.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
