Gremio está en un proceso de compartir el plan de trabajo con empresas socias y realizando gestiones de acercamiento con iniciativas que están prontas a ejecutarse, como es el caso de Pucobre. Respecto a Dominga, la abogada reconoce que esperan un fallo favorable del 1TA, lo que sería valioso para la economía local. Ello, en medio de precios atractivos para la industria por la alta demanda generada por la electromovilidad.
Socializar un plan de trabajo con sus miembros, materializar gestiones de acercamiento con nuevas inversiones, y también ser “la voz” del sector más relevante para la economía de la región, es parte del quehacer Paola Botto, presidenta del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), el principal gremio del rubro en la zona, especialmente por congregar a las grandes empresas.
-¿Cuáles son las proyecciones que tiene el sector para este año?
Estamos en un muy buen ciclo, especialmente por el precio del cobre y la alta demanda que se está generando en todo el mundo, gracias a la transición energética y la electromovilidad, lo importante es que tenemos que ser capaces como país y como región de estar a la altura de atender esa demanda y por eso es tan relevante robustecer la industria, avanzar en la generación de nuevos proyectos y en reglas claras que permitan mayor inversión.
-¿Cuál es la expectativa que tienen del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto al inminente fallo por el proyecto Dominga?
Esperamos que el fallo sea favorable, desde nuestra perspectiva existen argumentos suficientes para que así sea. Necesitamos potenciar la actividad minera en la región y Dominga es un proyecto que sería muy valioso para la actividad económica local que no se puede seguir postergando.
-¿Ha conversado con los titulares o ejecutivos de Pucobre por el proyecto El Espino?
En estos primeros días estamos en proceso de acercamiento con ellos y compartiendo nuestro plan de trabajo con las empresas socias, creo que es fundamental que las compañías mineras regionales puedan tener esta visión común de colaboración, atendiendo en conjunto las realidades locales y las particularidades de cada sector, tenemos una muy buena disposición de apoyo internamente y también con el resto de los sectores productivos de la región.
-¿Qué le parece la priorización del gobierno a esa iniciativa para destrabar los permisos que le faltaban?
Me parece que apunta en la línea correcta, de promover la inversión, resolver inquietudes y buscar espacios de comunicación, siempre cumpliendo la normativa. Necesitamos que se originen esas instancias que eviten la tramitación excesiva de los proyectos y no queden dudas dudas respecto a la discrecionalidad que se aplica en algunos criterios. Hoy los grandes proyectos mineros demoran más de 10 años en su gestación y esos son plazos excesivos que esperamos que la nueva ley de fortalecimiento a la institucionalidad ambiental ayude a disminuir en sus puntos más críticos.
-¿Cree que debería hacer lo mismo con otras iniciativas como Cruz Grande, incluso Dominga?
Sería lo óptimo encontrar ese respaldo.
-Cree que las 40 horas repercutirán en el empleo.
La gradualidad como se está implementando esta norma ha permitido que el impacto aún no sea significativo en la industria. Creo que son los proveedores, las pequeñas y medianas empresas quienes podrían resentir un poco más, pero esperemos que eso no ocurra y alcancemos una estabilidad económica que les permita enfrentarlo de buena manera.
-¿En qué situación se encuentra la pequeña minería hoy?
Si bien nuestro gremio lo integra la mediana y gran minería en la región, nunca hemos perdido de vista lo que ocurre con los pequeños mineros. Tenemos un respeto único a su labor y nos preocupa la situación de regulación, seguridad y condiciones laborales como se desempeñan. Sean pequeños, medianos o grandes, somos parte de la misma actividad y por eso estamos muy comprometidos en apoyar las actividades que se desarrollan para apoyarlos.
