Finaliza la controversia entre la secretaría de Estado y la empresa española Sacyr. La instancia, presidida por Fernando Abara, argumentó un saldo favorable acogiendo el decreto Nº 155, emitido por el propio MOP.
Luego de poco más de dos meses, el Panel Técnico de Concesiones, instancia presidida por Fernando Abara, esgrimió su “recomendación” en la controversia que mantenía al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa española Sacyr, por una serie de obras no ejecutadas en la Ruta 43, vía que separa a las ciudades de Ovalle y Coquimbo.
Fue la abogada del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Marcela Hernández, quien solicitó, en febrero de este año, que la firma extranjera debía reintegrar unos US$15,7 millones por la eliminación de la obligación de ejecutar la obra denominada “Modificación Ancho de Calzada en Ruta 43, Tramo 3, sector Pan de Azúcar”, lo cual derivó en una serie de ahorros, a juicio del MOP, para la concesionaria, a nivel de inversiones no ejecutadas, mantención, conservación, operación, explotación y seguros, todo lo cual generó un saldo en favor para la cartera pública.
Para ello, el Panel Técnico de Concesiones abrió un expediente, rol D01-2022-8, donde están los antecedentes emitidos por las partes en disputa. Entre las obras inconclusas, figura en la carpeta, refiere principalmente a los paraderos del tramo 2, sector Apatitas; pavimientos, saneamiento y drenaje, seguridad vial, paisajismo e iluminación.
Respuesta
El contrato de concesión “Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo” considera un presupuesto de US$208,7 y contempla 86 km de caminos pavimentados entre Ovalle y Coquimbo, además de la construcción de aceras, ciclovías, paisajismo e iluminación. Entre los beneficios se encuentra el aumento en la seguridad vial, ahorros en tiempos de viajes y costos operacionales.
Durante este periodo, se realizaron alegaciones que contemplaron la participación tanto del MOP, como de Sacyr. El Panel, en su análisis afirmó que de haberse dado curso al decreto Nº 155, emitido por la propia cartera pública, el monto “plausible” habría sido de unas UF161.373, es decir unos US$6,2 millones, cifra que si bien es mayor a la alegada por la empresa, representa 2,5 veces menos a la ingresada por la secretaría de Estado al inicio del proceso.
“(El decreto) No tuvo efectos jurídicos, pero fue una instancia en que se dejó constancia de un acuerdo entre las partes respecto a la modificación”, expresó el organismo técnico, quien agregó que en su análisis “no es posible verificar los valores de las inversiones no realizadas”.
Ello, prosiguió la instancia, porque el Ministerio de Obras Públicas tampoco presentó información suficiente para verificar el saldo adicional.
Fuente ligadas a la cartera sostienen que si bien el proceso aplicó y reconoció una deuda para el fisco, también se entiende como una respuesta favorable para Sacyr, que -de todas formas- no sería vinculante.
