Los argumentos que sellaron la suerte de Claudio Rentería, el destituido alcalde de Ovalle

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La falta más grave se relaciona no adoptar acciones o medidas tendientes a determinar el origen, ni recuperar los recursos asociados al déficit de $6.835.248.976 que presentaba el Departamento de Administración de la Educación Municipal de Ovalle (DAEM), al 31 de diciembre de 2014, cuya infracción reviste la agravante de aprobar igualmente el presupuesto municipal para el año 2015.

Durante la tarde del martes 21 de marzo, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la sentencia para destituir a Claudio Rentería como alcalde de Ovalle. La historia comenzó a inicios de noviembre en 2022, cuando se anunciaba -sorpresivamente- la salida del jefe comunal independiente, ex RN, por faltas a la probidad administrativa y un notable abandono de deberes correspondiente a su cargo.
La decisión se fundó luego que el Tribunal acogiera cuatro de los siete cargos que fueron presentados, estableciendo que el ex edil incurrió en la causal c) del artículo 60 de la Ley 18.695, lo que es una contravención grave de las normas sobre probidad. A juicio de la instancia, Rentería no adoptó las acciones o medidas tendientes a determinar el origen, ni menos la forma para recuperar los recursos asociados al déficit de $6.835.248.976 que presentaba el Departamento de Administración de la Educación Municipal de Ovalle (DAEM), al 31 de diciembre de 2014, cuya infracción funcionaria no sólo reviste gravedad, sino que además constituye una agravante, puesto que a pesar de los problemas financieros del DAEM, igualmente propuso aprobar el presupuesto para el año 2015.
A la remoción de su puesto se agrega una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por cinco años. Rentería aún cuenta con la instancia para apelar a la sentencia, lo que debe hacer en calidad de suspendido de su cargo.
Una vez que la resolución del Tricel sea notificada, el secretario municipal de Ovalle tendrá un plazo de 10 días para convocar al Concejo Municipal a una sesión en la que los ocho ediles deben elegir a uno de ellos para que ocupe el cargo de alcalde hasta las próximas elecciones.

Dentro de los cargos presentados en contra del alcalde por los concejales de la administración Armando Mondaca, Carlos Ramos, Héctor Maluenda y Jonathan Acuña, éste último como jefe comunal suplente, se encuentran el pago de horas extras realizado a la cuñada del alcalde presuntamente sin respaldo administrativo; la presentación para repostularse a alcalde siendo exsecretario Municipal, para lo cual no habría solicitado un segundo período de permiso; haber desobedecido una orden de Contraloría al no reintegrar en sus labores al destituido Jefe de Administración y Finanzas, siendo que sería de obligatorio cumplimiento.

Las otras quejas se relacionan con haber nombrado como director en el Departamento de Salud Municipal a un encargado sin concurso y con un cargo sin respaldo administrativo; la realización de descuentos previsionales al personal del Departamento de Educación por sus cotizaciones, las que fueron pagadas extemporáneamente generando multas para el municipio, y la destinación de un curso de capacitación en el extranjero, sin abrir concurso, para el jefe de Obras Municipal.

El alcalde independiente llevaba comandando el municipio de Ovalle desde 2012, y durante las últimas elecciones presidenciales entregó su apoyo al candidato José Antonio Kast.

Cabe recordar que fue el hoy alcalde Acuña había asumido, luego de que en sesión extraordinaria del Concejo Municipal lograra la mayoría absoluta, con la votación positiva de cinco votos entregados por sus colegas Fanny Vega, Cristian Rojas, Ricardo Rojas, Carlos Ramos y la autovotación de Acuña.
“Tendremos que reunirnos con los demás concejales. Hay acuerdos, entiendo yo, firmes en los cuales se podría mantener esa misma votación, pero yo creo que en primer lugar hay que tomarle el parecer a los concejales que es como lo señala la ley”, esgrimió Acuña.
El senador Daniel Núñez valoró que las instituciones funcionen y “sancionen las malas prácticas”, mientras que el diputado Víctor Pino calificó la resolución como “interesante”, y agregó que espera que “todas las autoridades sean fiscalizadas como corresponde”.