El Mar de Chile posee una superficie casi cinco veces a la superficie de nuestro País, sin considerar el territorio Chileno Antártico. El borde occidental de Chile presenta dos escenarios geográficos contrastantes. Por una parte, la línea de costa desde Arica hasta la isla de Chiloé es continua, suave y carece de quiebres o rasgos geográficos mayores. Y el otro lo constituye el borde continental desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos.
En este sistema integrado de mar-tierra, que va desde los 17°S hasta los 56°S se establece una línea de costa, considerando fiordos y canales, de más de 84 mil kilómetros en los cuales se emplazan ecosistemas marinos costeros heterogéneos que prestan servicios ecosistémicos diversos.
En ese contexto se cuenta con registros de asentamientos humanos tempranos en Arica como la Cultura Chinchorro, el Complejo de Quereo en Los Vilos y Monte Verde en la zona de Puerto Montt. Esta ocupación temprana se materializó por el uso de los medios disponibles en la zona: agua, recursos marinos y acceso a fibras vegetales. Atributos que conjugaron condiciones únicas para que a lo largo de la prehistoria e historia humana, hayan sido ocupados por distintos grupos humanos, en una secuencia temporal, con distintas formas de habitar y abordar el problema de la supervivencia en un ambiente costero, entre Arica y Cabo de Hornos, donde las comunidades de pescadores artesanales y emergentes comunidades indígenas costeras, mantiene no sólo los mismos espacios geográficos en una relación con los recursos naturales de la zona, sino también una gobernanza sobre los bienes comunes, asegurando la reproducción esta cultura costera.
Los ecosistemas marinos proporcionan múltiples beneficios o servicios ecosistémicos que determinan las condiciones para que se desarrolle la vida, tales como la provisión de alimento, la protección costera, la fijación de carbono y los asuntos humanos trascedentes como la cultura, recreación y espiritualidad.
Sin embargo, en esta era del antropoceno, estos servicios están en un declive sin precedentes por lo que es urgente realizar acciones directas e indirectas de corto, mediano y largo plazo que retrasen los efectos, para que eventualmente podamos salir del punto de no retorno.
El Mar, para nuestro país en particular, no sólo se relaciona con una proyección hacia otros países mediante el intercambio de mercancías, sino que provee de medios de vida para la existencia de actividades vitales como la pesca, la acuicultura, el turismo, el transporte, la investigación y educación, en consecuencia, mantener esos medios es una prioridad.
Un camino posible es la de la alfabetización oceánica, y la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte está en esa tarea de formación, sin embargo, sería deseable tener planes tempranos de formación de niñas y niños en la materia, para que conozcan, valoren y experimenten el mar en sus vidas, para contar con ciudadanas y ciudadanos que ponderen acciones racionales tendientes a la recuperación de los servicios ecosistémicos vitales para todos.
En conclusión, Chile es un país oceánico y es deber de todos y todas y del Estado, su conservación, preservación y los cuidados de sus ecosistemas marinos, costeros continentales, insulares y antárticos, con el fin de cautelar las proyecciones nacionales.
En el actual escenario, y dada la contingencia ad-portas de una Nueva Constitución, es vital contar con un Ministerio del Mar que le de soporte y relevancia a la condición biogeográfica del territorio nacional, con el fin de elaborar y dictar políticas públicas para optimizar su gestión e introducir criterios de eficiencia y racionalidad en todas las materias sectoriales, poniendo el bien común al centro de las decisiones. Por suerte esta acción está contenida en el borrador del nuevo texto constitucional, gracias al trabajo colaborativo de usuarios del borde costero y océano, como los pescadores artesanales, investigadores, científicos, profesionales, técnicos, mercantes y otros.
