El Ministerio Público y la unidad Anticorrupción de Carabineros indagan una serie de denuncias contra la máxima autoridad regional por eventuales solicitudes a trabajadores del organismo para que donaran parte de sus sueldos, de lo contrario, arriesgaban no solo la pérdida de confianza, sino despedidos, de acuerdo a una investigación de Radio Bío-Bío.
El Ministerio Público y la Unidad Anticorrupción de Carabineros se encuentran investigando varios testimonios y denuncias contra la gobernadora de la región de Coquimbo, Krist Naranjo. Se trata de una serie declaraciones de ex funcionarios de Gobierno Regional de Coquimbo, quienes acusan a la máxima autoridad de pedir parte de sus sueldos para destinarlos a un fondo para la campaña de reelección al cargo.
De acuerdo a Radio Bío-Bío, los hechos se remontan desde agosto del año pasado, cuando Naranjo citó a una reunión a puerta cerrada a los jefes de División de los distintos departamentos del Gobierno Regional. Durante la reunión, les solicitó que le transfirieran mensualmente parte de sus sueldos para financiar su apuesta electoral.
Así lo relató uno de los exfuncionarios del GORE, quien habría perdido su trabajo luego de negarse a dar mes a mes $50 mil pesos. La negativa a lo que se dio a entender como “voluntario” lo llevó a ingresar a la “lista negra”, siendo uno de los dos perjudicados. Ambos, en todo caso, acudieron con su denuncia al diputado de la zona, Juan Manuel Fuenzalida, quien procedió a entregar los antecedentes a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. Todo desencadenó en una investigación penal.
El diputado Fuenzalida confirmó a Semanario Tiempo que se contactaron los ex trabajadores, y que después de revisar los antecedentes, decidió poner en conocimiento al Ministerio Público las denuncias. “Creo que los hechos denunciados son graves y tienen sustento. Espero que esta investigación sea rápida, expedita, de manera de tener los resultados lo antes posible, porque la situación denunciada es gravísima”, dijo.
La denuncia incluso salpicó a la administradora regional, Karina Aguirre Cerda, quien se habría acercado a los puestos de los funcionarios de confianza elegidos para aportar a la campaña de la gobernadora, para recordarles y cobrar los montos preestablecidos. El dinero se recibía en efectivo o por medio de transferencias a la cuenta personal de Aguirre, para posteriormente ser entregado a la gobernadora, usualmente en su domicilio, acusan.
Estos antecedentes se dan en medio de la compleja relación con el Consejo Regional de Coquimbo y asociaciones de funcionarios quienes piden la salida inmediata de la máxima autoridad. Esta semana, Nueva Asociación de Funcionarios hicieron ingreso al salón Gabriel González Videla con una pancarta y la consigna: “cero respeto, cero gestión”. El ingreso, mientras se desarrollaba la sesión del Consejo Regional, se hizo en silencio, incluso cuando hablaba un dirigente de la comuna de Coquimbo –luego lo hizo el alcalde- por la instalación de alcantarillados, demanda que lleva más de 15 años.
Si bien el objetivo era hablar con la gobernadora, esta fue negada pese a la petición de los consejeros regionales. “No tienen la palabra, porque hoy se habló para tener reunión y no asistieron”, les dijo Krist Naranjo.
El malestar era notorio en la máxima autoridad regional, por lo que solicitó la presencia de Carabineros, “quienes llegaron para supuestamente sacarnos, pero en ningún momento estábamos haciendo ningún acto delictual, solo pedíamos la palabra en una sesión porque los consejeros regionales querían escucharnos”, dijo Beatriz Hidalgo, dirigenta de la asociación.
