Durante el último año, hemos sido testigos de cómo las telecomunicaciones han sido claves para mantenernos conectados con nuestros familiares y cercanos, mantener activa la economía a través del teletrabajo, y que niños y adolescentes sigan estudiando.
De la misma forma, vemos también cómo existen muchos lugares en Chile donde no existe la infraestructura digital necesaria para que esto sea una realidad transversal. De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre las Brechas de Inclusión Digital en Chile” del Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2021), de cada 100 habitantes de zonas urbanas, 76,1 usa internet, proporción que baja a 46,6 en zonas rurales. Ahora bien, no tenemos que confundirnos, porque esto no ocurre solo en localidades aisladas, sino que también en grandes ciudades vemos una brecha de acceso a lo digital.
Una conectividad robusta pasa, necesariamente, por el desarrollo de infraestructura que le dé soporte, que esta infraestructura sea neutral y compartida, optimizando su capacidad y haciéndola más amable con el entorno. Lo anterior no solo contribuye a reducir la brecha digital, sino que también va de la mano con el objetivo del Gobierno de triplicar la cantidad de antenas existentes, alcanzando las 60.000 que se requieren para enfrentar de buena manera la llegada del 5G.
Sin embargo, hoy la necesidad de ese despliegue, que a todas luces es urgente, choca con los plazos de tramitación para su implementación. En la actualidad, los trámites para que un sitio de telecomunicaciones esté instalado y operando se demoran cerca de un año y medio; en otros países de Latinoamérica (como Perú o Colombia) ese tiempo es de solo dos meses.
En ese contexto, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) identificó las áreas prioritarias de trabajo para dinamizar el despliegue de telecomunicaciones en Chile. Entre sus hallazgos, destaca que existen barreras para este despliegue tales como las múltiples entidades que participan en el proceso de obtención de permisos para el despliegue de antenas, con una excesiva cantidad de requisitos, procedimientos, permisos diversos y plazos extensos. A esto, se suma que aún persisten temores en comunidades sobre supuestos efectos en la salud generados por antenas, lo que también ralentiza su implementación, pese a que el mismo informe señala que la legislación chilena, en cuanto a emisiones radioeléctricas, se ubica dentro de los cinco países más restrictivos de la OCDE.
Frente a estos temas, el documento de la OCDE recomienda disminuir las barreras regulatorias, la implementación de mecanismos de apelación a los permisos no otorgados por las Direcciones de Obras Municipales; iniciar una campaña nacional para asegurar una mejor comprensión de los efectos en la salud de la radiación no ionizante de las antenas para reducir las preocupaciones de la ciudadanía; e implementar un Sistema Nacional de Transferencia de Información, con un inventario de todos los activos del Estado (por ejemplo, edificios públicos) que se pueden utilizar para el despliegue de infraestructura de comunicaciones.
Creemos que avanzar en estas recomendaciones es clave para que los beneficios de la conectividad lleguen a todos los rincones del país, y para que escenas como la de estudiantes en cerros o sobre los techos de sus casas para lograr conexión no se vuelvan a repetir.
