El país necesita con urgencia inversión y movimiento económico. Se observa que la economía no logra repuntar, con la inflación, el crecimiento, el tipo de cambio que todavía generar altos grados de incertidumbre.
En este contexto, desde el Estado se emiten señales interesantes en función de esta reactivación. Por un aparte la reducción de la tasa de política monetaria que se reduce en 50 puntos base, levemente inferior a lo esperado y queda en 9%. Se espera que el Banco Central de Chile siga reduciendo la TPM, dado que la inflación está evolucionando favorablemente, pero manteniendo una actitud de cautela ante los desafíos del escenario externo.
Pero por otra parte, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una nueva emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB, por su sigla en inglés),utilizando la modalidad book-building -libro de órdenes-. Este bono se emitió en pesos con vencimiento en 2034 a una tasa de colocación de 7%. La operación se realizó por $1,75 billones (US$1.900 millones, aproximadamente) con una alta demanda, que alcanzó los $5 billones en su punto máximo, 2,9 veces el monto colocado.
El alto interés se vio reforzado por la diversificación de los inversionistas, que provenían de 56 cuentas de inversionistas nacionales, de Europa y del continente americano.
Finalmente, en su reunión con representantes de partidos políticos, en el marco de las conversaciones por un Pacto Fiscal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó 30 medidas para impulsar el crecimiento económico contenidas en la propuesta.
El paquete se dividide en cinco ejes: racionalización regulatoria para proyectos de inversión; incentivos tributarios a la inversión privada y la productividad; acelerar el desarrollo de sectores con potencial de diversificación productiva; inversión en infraestructura pública y privada; y reducción de la informalidad.
Uno de los puntos que pueden interesar más a nuestra región es que en la racionalización regulatoria para proyectos de inversión destaca la modernización de la gestión de permisos ambientales, la reforma a los permisos de concesiones marítimas y la generación de un marco común legal para la gestión de los permisos sectoriales.
Además, interesa especialmente que en la inversión de infraestructura pública y privada se propone ampliar y agilizar el programa de concesiones, modernizar la ley de puertos y establecer un Consejo Asesor Presidencial responsable de la elaboración de un plan de Infraestructura de Largo Plazo.
En general buenas señales, largamente esperadas, que al menos reflejan por fin esfuerzos concretos para mover la economía.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
