Por cuatro horas se extendió una reunión entre gremios pesqueros de la región de Coquimbo con el delegado Presidencial, Rubén Quezada, donde los trabajadores del mar aseguraron que las autoridades realizarán “correcciones” antes que el presidente Gabriel Boric firme el decreto de la zona de protección. Cuestionado seremi del Medio Ambiente, Leonardo Gros, indicó que “ellos son los más adecuados para defender su interés en las mesas de conversación y diálogo de la gobernanza que se van a establecer”.
Una columna de personas obstaculizó el tránsito de la calle Prat, a la altura del edificio del Gobierno Regional, para expresar su molestia por la aprobación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU), zona de protección recientemente visada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y que se extiende desde Freirina, en la región de Atacama, hasta La Serena.
La manifestación pacífica, que finalizó en una extensa reunión, de unas cuatro horas, fue protagonizada mayormente por pescadores de Coquimbo, La Higuera y La Serena, además de otras localidades costeras como Tongoy y Guanaqueros, quienes fueron recibidos finalmente por el delgado Presidencial, Rubén Quezada; la vocera de Gobierno, Paulina Mora, y el seremi del Medio Ambiente, Leonardo Gros. Éste último fuertemente cuestionado y con voces pidiendo su salida del cargo.
La cita se tornó tensa luego que los trabajadores del mar reiteraran la poca información y baja participación ciudadana en el proceso. Ello, según los pescadores, obligó a las autoridades locales a considerar ciertas exigencias, como incluir en la mesa a las asociaciones gremiales de la comunapuerto e impedir que el presidente de la República, Gabriel Boric, firme el decreto, hasta que se realicen “correcciones” a la normativa.
Pascual Aguilera, presidente de la Federación de Trabajadores del Mar (Fetramar) Elqui, mantuvo que el Consejo de Ministros deliberó “en base a un informe técnico que no contó con la participación de los verdaderos actores”. “Somos nosotros y agrupan a todas organizaciones de pescadores de la región, tanto pequeños como armadores. Obviamente, nos sentimos muy molestos porque pone en serio riesgo la actividad de un sector importante de la economía del país”, agregó.
“Ellos se comprometieron a considerarlo. El presidente (Gabriel Boric) no va a firmar esto, sin que se hagan correcciones porque la norma alude a pesca artesanal a pequeña escala, que son verdaderos botes a remo. Pareciera que las autoridades desconocen que la pesca artesanal se ha desarrollado de forma más grande”, añadió.
Respecto a la eventual visita del jefe de Estado a la zona, prevista para la próxima semana, Aguilera comentó que buscarán la posibilidad de reunirse con el mandatario “para hacerle saber estos temores”. “No se puede gobernar de espaldas al pueblo, como cuando se crean estas situaciones y medidas sin consultarle a los verdaderos incumbentes”, dijo.
Franklin Zepeda, presidente de la Asociación Gremial de la Caleta San Pedro, indicó que no se tomó la opinión de los pescadores, “los que hacen el esfuerzo pesquero en esa zona”.” “Le dijimos todas las aprensiones. Él (Quezada) se comprometió a hacer algunos cambios e indicaciones al proyecto que ya está en la firma para el presidente. Y quedamos en poder trabajar para que la pesca artesanal esté protegida y siga funcionando, y trabajando, como siempre lo hace en ese sector”, prosiguió.
En esa línea, Ricardo Miranda, presidente de la Asociación Gremial de la Caleta de Pescadores de Coquimbo, argumentó que actualmente el AMCPMU “nos perjudica donde nosotros pescamos la mayor parte de los recursos del mar. Nosotros solo teníamos comentarios de lo que se podía realizar en la zona norte de la región y ayer tuvimos una reunión urgente, donde se nos expuso estos temas. Somos 200 pescadores artesanales y en la zona extraemos la jibia, con más de 200 botes”, indicó.
El seremi Gros ratificó que a los pescadores se les reiteró el compromiso de participar “activamente” en la elaboración de este plan de manejo del Área Marina Protegida de Múltiples Usos. “Es comprensible que cuando se implementa una medida nueva surjan dudas (…) Y hemos abordado, al igual que en ocasiones anteriores donde hemos estado en contacto con los dirigentes, esas dudas y la invitación es a que se suban al proceso de implementación del área, ya que ellos son los mejores, los más adecuados para defender su interés en las mesas de conversación y diálogo de la gobernanza que se va a establecer”, precisó.
“No hay ningún motivo a tener temor en la implementación de una iniciativa como esta, dado que busca el bienestar para todo y para todas, y al mismo tiempo la conservación del patrimonio natural que tenemos”, sostuvo Gros.
En ese contexto, la autoridad explicó que la norma establece un periodo de 24 meses para implementar la gobernanza del AMCPMU, la que debe asegurar espacios para la participación de entes públicos y privados, además de los vecinos que viven en el territorio y que son usuarios del mar para distintas actividades.
Según Gros, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se hará cargo de la administración de todos estos sitios que están destinados a la conservación. “Avanzamos en el Área Marina Protegida de Uso Múltiple, la primera de su tipo birregional, con un gran impacto en los ecosistemas de la región y del planeta, y al mismo tiempo avanzamos en la creación de un nuevo servicio público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se va a hacer cargo de la gestión de la conservación y la sustentabilidad en el país”, sentenció.
