A pocas semanas que asuman las nuevas autoridades, tanto la gobernadora regional, como el delegado presidencial, desde la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, acusan improvisación en la instalación, falta de espacios y una pugna entre ambas figuras por el uso del edificio de la intendencia de calle Prat en La Serena.
El próximo 14 de julio, la nueva gobernadora regional deberá tomar posesión de su cargo, y en consecuencia usar las dependencias designadas para que pueda desempeñar su labor como corresponde.
En ese sentido, Nayade Aguirre, presidenta de la Asociación de funcionarios del Gobierno Regional, relata que mandó un oficio a todos los candidatos a nivel nacional sobre las situaciones que se tienen que enfrentar al asumir algunos de ellos como gobernadores, “en la región la única que quiso tener más antecedentes y reunirse con nosotros, antes de las primeras elecciones, fue Krist Naranjo”.
“Como igual estaba de candidata (a la concejalía de La Serena), esta reunión no se concretó con ninguno de los pocos que me contestaron, pero sí con los que pasaron a segunda vuelta se concretó, una de ellas fue Krist y cuando se supo el resultado tuvimos una reunión como asociación de funcionarios con ella” agrega.
Puntualiza en que “ella está pendiente de la situación que nos estaba pasando por el tema de la infraestructura, que era lo más visible que estaba en los medios, pero también de otras situaciones que se estaban dando, tuvimos un acercamiento porque nadie en general nadie la conocía, me incluyo”.
“A Marco Sulantay lo conocíamos de antes, además de ser CORE, nosotros como asociación cuando llegó esta administración la intendenta despidió a varios funcionarios, en primera instancia fueron 10 y después a 4, pero estos eran profesionales que el CORE conocía y fuimos donde ellos para que intercediera en esta medida arbitraria de despedirlos porque no había ninguna justificación… el único CORE que se niega a solicitar a la intendencia que reconsidere estos despidos fue Sulantay” agrega.
Problemas de infraestructura
En el edificio público Tucapel Jiménez, de calle Matta en La Serena, hay una oficina del gobierno regional en donde trabaja la dirigente, “cuando tomé mis vacaciones por mi candidatura (a concejal de La Serena por el Frente Amplio), se decide sacarnos, llega un correo en donde se informa que nos sacarían de esas dependencias para entregarlas al Ministerio del Interior, si bien somos dos servicios distintos, tenemos la misma jefatura que es el intendente” sostiene.
Y agrega que “ante la entrega de esas dependencias que estaban hasta el 2023 al gobierno regional, y que las quisieran entregar al gobierno interior, nos hizo dar la alerta el Consejo Regional, y enviarle los antecedentes de que esas dependencias estaban en uso del Gore y no se justificaba que fueran entregadas”.
“Acto seguido, el CORE sesionó y la comisión de gobierno interior determinó una comisión para buscar soluciones a la situación y el intendente participó en una de las reuniones y no hay claridad en este minuto de donde vamos a estar los funcionarios porque si se mira el edificio de intendencia, se dio a conocer que el tercer piso iba a ser para la gobernadora, pero en la práctica no es tan así, porque nos enteramos que la mitad del tercer piso ya había sido entregado al gobierno interior para el uso” añade.
Enfatiza en que “estaban entregando dependencias que estaban en nuestro uso además de bienes del gobierno regional al gobierno interior, y el CORE se entera por el intendente que en el tercer piso, una de las alas no estaba asignada a la gobernadora y surge una situación complicada”.
En cuanto al retorno del CORE al edificio de la intendencia, específicamente al tercer piso, en donde tuvieron que irse por problemas de habitabilidad, Aguirre señala que le enviaron una carta con el respaldo de la solicitud, “ahora la gobernadora va a ser la presidenta del Consejo Regional, entonces es lógico que el edificio estén las dos autoridades electas democráticamente, que los dos conforman el gobierno regional”.
“Además, tenemos funcionarios antiguos que están con trabajo remoto y no tienen dependencias físicas, y eventualmente están turnos, pero en esta improvisación de no tomar decisiones, están ahora con toda su documentación en casa y sin escritorios asignados ni un lugar físico” sostiene.
Concluye que “lo que sabemos, es que habrían pedido autorización para arrendar otras dependencias y nos parece gravísimo porque es una situación la hicimos ver a las autoridades anteriores y a esta, el 2018 cuando entró en vigencia la ley”.
