Mientras el Consejo actuará en base al avance a las investigaciones penales que sustancia el Ministerio Público, desde persecutor porteño evitaron referirse al caso. Las últimas diligencias que se habrían realizado por parte de la Fiscalía Regional fueron en octubre del 2020.
Son dos actores principales en la persecución penal para los presuntos implicados en las irregularidades del caso “Papaya Gate”. Se trata de la Fiscalía Regional de Valparaíso y el Consejo de Defensa del Estado. El primero mantiene una causa desformalizada bajo la tutela de la persecutora regional Claudia Perivancich, indagada a través de la Unidad Anticorrupción.
La persecutora mantiene reserva estricta de los pasos a seguir en la investigación luego que fuera designada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tras la acusación realizada por la Contraloría General de la República, con fecha 4 de septiembre en 2020.
Semanario Tiempo tomó contacto con la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía de Valparaíso para conocer su versión de la indagatoria, pero al cierre de esta edición no aportaron mayores antecedentes. Solo se logró conseguir que la investigación continúa su curso, con diligencias en desarrollo, pero aclararon que no se entregan antecedentes de las declaraciones de investigación.
Solo en octubre del 2020, la PDI realizó diligencias y entrevistas a testigos y toma el control de computadores y celulares desde las oficinas de la Intendencia de Coquimbo. La información se entregó de manera voluntaria. Dichos trámites fueron efectuados a cargo de la Brigada Anticorrupción de la PDI de Santiago.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado respondió que el organismo se encuentra en etapa “de estudio de los antecedentes de la causa”.
“Las distintas Procuradurías Fiscales ponen en conocimiento de los comités del Organismo el estado de avance de los asuntos y juicios a su cargo. En este sentido, es importante precisar que los asuntos en vigilancia y juicios son revisados por los comités de forma periódica, instancia en que se otorgan instrucciones conforme con el avance de los procesos y del análisis de los antecedentes correspondientes para la definición de sus estrategias”, dijeron al respecto.
Respecto a plazos, agregaron que éstos no existen para que la institución adopte una decisión en materia penal. “Sus intervenciones, mediante la interposición de querellas criminales, pueden concretarse solo una vez se han recabado los antecedentes necesarios, estudiado y analizado, y formado la convicción que tales antecedentes y hechos poseen caracteres de aquellos delitos que su ley orgánica le autoriza perseguir. Estos se refieren a delitos que afectan el patrimonio fiscal y/o aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ello, necesariamente, debe realizarse en base al avance de las investigaciones penales que sustancia el Ministerio Público”, sentenció.
