El plan “Gas para Chile” fue anunciado hace un año como “una reforma estructural que pretende mover el tablero de la industria del gas licuado”. Los resultados del plan piloto implementado el segundo semestre del 2022 y que consideraba la participación de Enap en toda la cadena de distribución estuvieron lejos de lo esperado y han reactivado la discusión acerca de la actividad empresarial del Estado.
En Chile, el estado empresario fue un protagonista central en la economía durante la mayor parte del siglo XX, a través de la acción de Corfo y empresas como Endesa, CAP y Iansa. En nuestro país y en el resto del mundo, la ola privatizadora iniciada en los años 80 fue reduciendo este ámbito de participación.
El programa de gobierno del presidente Boric en la primera vuelta incluía propuestas para la creación de múltiples empresas estatales, entre las cuales estaban la Empresa Nacional del Litio, la Banca de Desarrollo, la Empresa Estatal de Redes de Telecomunicaciones, la Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales para la Construcción, las Empresas Públicas Regionales para la Construcción Sustentable, y una serie de iniciativas que involucraban la mayor participación del Estado en distintos sectores de la economía.
En los últimos años a nivel global hemos observado el regreso a un mayor rol del capitalismo de Estado y de las empresas públicas, reflejando las secuelas de la crisis subprime y de la pandemia del Covid-19. También ha sido importante la influencia de economistas como Mariana Mazzucato -referente importante para el gobierno-, quien propone reactivar la acción estatal a través de un “Estado emprendedor” que sea capaz de “crear y dinamizar mercados” y que actúa como líder en la toma de riesgos en industrias nuevas y con alto potencial de crecimiento. La industria del gas licuado no corresponde a tales características.
La experiencia fallida del plan piloto vuelve a poner en evidencia las limitaciones a la efectividad de la acción empresarial estatal. Ahora se indica que el proyecto será reformulado, limitando la participación de Enap el ámbito mayorista. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica en su análisis de esta industria presentado el 2021, proponía una serie de medidas para incrementar la competencia, entre las cuales no estaba la participación directa estatal. Insistir en un rol activo en este mercado crea el riesgo de que tal intervención termine con un Estado, que citando nuevamente a Mazzucato, no sea más que un “pobre imitador de los comportamientos del sector privado”, usando en forma ineficiente los recursos públicos.
