Dominga: jueces del Tribunal Ambiental dejan la causa “en acuerdo” y dictamen se conocerá el primer semestre del 2024

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Mientras el abogado Patricio Leyton de Andes Iron, titular de la iniciativa minera-portuaria, solicitó dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros que revocó su permiso ambiental y calificó esa decisión como “ilegal”, su contraparte Oceana, Ezio Costa, explicó que el rechazo “es consistente con su falta de antecedentes técnicos y la imposibilidad de que se construya un mega puerto en esa zona”. Comunidades adherentes llegaron a la II Región para manifestarse en las afueras de la corte.

A través de un escrito ingresado en la causa Rol 95-2023, los magistrados del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), Sandra Álvarez -presidenta de la instancia-, Alamiro Alfaro y Cristián López, decidieron dejar “en acuerdo” la causa que envuelve la reclamación de Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga, contra el Comité de Ministros, que en enero pasado resolvió revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que poseía la iniciativa de US$2.500 millones.
Ello, luego de una maratónica jornada de alegatos, la que se extendió por casi 10 horas, y donde los ministros del 1TA escucharon a cada una de las partes, tanto a la empresa de capitales nacionales, así como al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que actúa como la Secretaría Ejecutiva de la instancia ministerial. Junto a ello, también expusieron las defensas de los terceros coadyuvantes, tanto de la parte reclamante (Andes Iron), como de la reclamada SEA).

Semanario Tiempo consultó al ministro Cristián López, sobre cómo evalúa que en dos oportunidades anteriores esa corte especializada de justicia emitiera pronunciamientos en la controversia -esta es la tercera vez que ese tribunal revisa la causa-, y explicó que “el sistema recursivo de la institucionalidad ambiental, en estos casos, da el espacio para que cada parte ejerza sus derechos”. “Aquí podría haber sido una comunidad o una empresa la que tiene el derecho a exigir que se vuelva a revisar una decisión de la administración. En particular, tenemos que cumplir la ley y, obviamente, si el proyecto llega acá por tercera vez, tenemos que revisarlo con el rigor técnico, científico y jurídico, que nos mandata la ley”.
En ese sentido, agregó que si bien la decisión hay que tomarla en el colegiado “lo vamos a hacer apenas terminan los alegatos (…) O llegar a un acuerdo para que se empiece a redactar la sentencia. Esperamos que dentro del primer semestre de este 2024 esa sentencia esté disponible para la comunidad y, obviamente, para todos los interesados”.
Para Andes Iron, el Comité de Ministros contradijo abiertamente lo ya resuelto por la justicia ambiental y solicitó declarar ilegal la resolución que despojó a Dominga de su permiso ambiental. Patricio Leyton, abogado representante de Andes Iron, enfatizó que “solicitamos al Tribunal que declare ilegales, tanto la resolución reclamada, como el acuerdo que la funda. Es imperativo que se mantenga la aprobación del proyecto Dominga, como se estableció en la RCA 161/2021”. Leyton también destacó el cumplimiento exhaustivo de Andes Iron en el procedimiento de evaluación ambiental, subrayando que la empresa ha superado incluso los estándares más altos del ordenamiento jurídico chileno, incluyendo aspectos sociales y comunitarios, además de los ambientales. “El Comité de Ministros no sólo ignoró la sentencia de este Ilustre Tribunal, sino que también actuó en contra de ella. Esta decisión desafía la obligatoriedad de la sentencia del 1TA, la cual es vinculante para el Comité de Ministros”, afirmó Leyton.

Para el abogado de la parte coadyuvante Oceana, Ezio Costa, el rechazo al proyecto Dominga es consistente con su falta de antecedentes técnicos y la imposibilidad de que se construya un mega puerto en esa zona. “En contraste con la estrategia meramente política de la empresa, en la audiencia, mostramos nuevamente los argumentos jurídicos que explican el correcto rechazo del proyecto, y esperamos que el tribunal ambiental lo tenga en cuenta y se confirme la decisión”, afirmó el profesional de la organización ambientalista.
En tanto, en las afueras del 1TA una serie de adherentes llegaron para dar un respaldo al proyecto minero portuario. La Asociación Comunal de La Higuera fue una de las agrupaciones que aludieron que Dominga traería mayores oportunidades para ese territorio, y enumeraron una serie de falencias en la comuna, como malas condiciones de conectividad; aislamiento entre localidades; transporte público discontinuo y costoso; complejo acceso a la educación y salud; servicio sanitario sin redes de alcantarillado; viviendas con pozos negros, y una afectación grave por la sequía. “Conozco perfectamente la comuna, sé que está entre las más pobres de Chile. Tiene turismo, pesca y agricultura. Sin embargo, ha costado mucho salir adelante, salvo cuando la minería ha sido el motor de su desarrollo”, explicó Yonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de La Higuera.
Al contrario, la abogada del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (MODEMA) de La Higuera, Alejandra Donoso, sostuvo que “la evidencia muestra que Dominga es un proyecto inviable en el Archipiélago de Humboldt y espero que así lo entienda este Tribunal”, señaló.

Oscar Trigo, presidente de la agrupación No + Desempleo, indicó que la materialización de Dominga significará inyectar de 30 mil puestos de trabajo (directos e indirectos) durante su construcción, y mantendrá otros 4.500 puestos laborales en su fase de operación, la que se entenderá por más de dos décadas, beneficiando a la comuna de La Higuera, una de las más rezagadas del país, además de la propia región de Coquimbo. “Sabemos que la ocupación informal está en el orden del 31,7%. Eso es grave y significa que existen personas que no tienen contratos, ni cotizaciones previsionales, de salud, ni una protección económica básica en caso de desocupación como el Seguro de Cesantía”, agrega.