Dado el historial de apelaciones podría existir buena voluntad de ambas partes en sellar la controversia y poner fin al proceso que liderará el juez Jean Pierre Matus, a más de cuatro años de ser judicializado.
La Tercera Sala de la Corte Suprema denegó una solicitud de varias comunidades indígenas de Atacama y Coquimbo de participar en el proceso judicial que atraviesa el proyecto minero-portuario Dominga, que el próximo miércoles 12 de enero sorteará una de las jornadas más esperada por su titular Andes Iron y sus detractores.
Ese día, a las 13:30 horas, se llevará a cabo la conciliación que citó el máximo tribunal del país para resolver la controversia, luego que a fines de noviembre se escuchara los alegatos que busca anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), instancia que ordenó que la iniciativa se votara nuevamente en la Comisión Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, ajustada a derecho.
Sin embargo, la abogada Gabriela Burdiles, en representación de la Agrupación Cultural y Social del Pueblo de Los Changos, la Comunidad Indígena Chango Álvarez-Hidalgo y Descendencia de la Caleta Chañaral de Aceituno, y la Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt interpuso un recurso en contra de la resolución de fecha 30 de noviembre de 2021, en la cual se objetó hacerse parte del proceso.
El interés de las comunidades indígenas changas era exponer los presuntos impactos a su entorno y estilos de vida, relacionadas con “prácticas ancestrales indígenas que se encuentran protegidas por la ley”.
“El proyecto minero portuario Dominga se emplaza en una zona costera en donde habitan y se desenvuelven cultural y socialmente estas comunidades (…) El derecho de acceso a la justicia ambiental -que se desprende de nuestro ordenamiento y de los Tratados Internacionales-, establecen la posibilidad de cualquiera que pueda verse afectado en sus derechos por la resolución de un asunto judicial, pueda hacerse parte del proceso”, esgrimió la abogada Burdiles.
Antecedentes de la formación histórica de dichas comunidades, además de supuestos impedimentos de esos grupos a participar en la justicia ambiental fundaron la acción de siete páginas, que finalmente los jueces Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus -este último que liderará la conciliación de la próxima semana- sentenciaron con un “no ha lugar”.
Cronología
En abril del 2021, cuando el 1TA anuló la resolución del Comité de Ministros, que en 2017 rechazó el proyecto de Andes Iron y retrotrajo la votación a la COEVA de Coquimbo, se dieron los recursos de casación ante la Corte Suprema, organismo judicial que verá por segunda vez la causa luego que decidiera –en septiembre del 2019– devolver el expediente a la justicia en Antofagasta, para que esta última resolviera la controversia yendo “al fondo” del asunto, es decir dirimir en base a argumentos técnicos ambientales.
En agosto del 2021 finalmente y acatando el fallo del 1TA, la COEVA de Coquimbo decide otorgar a Dominga los permisos ambientales, situación que también provocó el rechazo de organizaciones ambientales y personas naturales que apelaron al Comité de Ministros.
Cabe recordar que, en diciembre del 2017, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidida por el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, decidió aprobar un área Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en la costa de La Higuera, iniciativa que también cuenta con una apreciación desfavorable de organizaciones ambientales y pescadores.
