La irregularidad en la tenencia de los terrenos y planos reguladores poco representativos de la realidad territorial, fueron las principales trabas detectadas por la comisión especial de vivienda rural para que las familias accedan a la vivienda en zonas apartadas.
Tres meses de trabajo intenso y diversas reuniones con los actores relacionados al tema habitacional fueron los desarrollados por la comisión especial de vivienda rural del Consejo Regional (CORE), conformada en el marco de la comisión de desarrollo social con el fin de revisar la Política para la Construcción de Vivienda en Zonas Rurales y las principales dificultades para el acceso de las familias a la casa propia.
Los resultados de esta instancia fueron reunidos en un informe, antecedentes entregados al Ministro (s) de Vivienda, Guillermo Rolando, durante su visita a la región, en una reunión de trabajo realizada en la comuna de Vicuña.
Como detalló la consejera Lidia Zapata, presidenta de la comisión especial, “la decisión de conformar esta mesa de vivienda rural obedeció a las innumerables inquietudes que recibimos por parte de los grupos organizados de vivienda, como también al ver a personas que han esperado por tantos años para acceder a vivienda o ejecutar el subsidio que tienen en mano”.
Entre los antecedentes regionales recabados para la base del informe, se establece que, según el Censo de Población y Vivienda (2017), la región tiene 757.586 habitantes, de los cuales un 18,8% forma parte de la ruralidad regional, mientras que las comunidades agrícolas ocupan el 25% del territorio regional. En este contexto, el déficit habitacional supera las 16.400 viviendas y, según el Censo 2017, el déficit cuantitativo de viviendas en zona rural alcanzaría las 5.576 unidades, considerando viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos allegados, hacinados e independientes.
Entre las principales problemáticas asociadas al acceso a la vivienda y los subsidios en estas zonas apartadas está la irregularidad en la tenencia de los terrenos, cuyo origen está en procesos de compra/venta no regularizados herencias y terrenos subdivididos no regularizados, asentamientos en zonas de riesgo y el fenómeno reciente y masivo de los llamados “loteos brujos”.
Además, se expone la existencia de planos reguladores poco representativos de la particularidad territorial. La consejera Adriana Peñafiel puntualizó que “en este trabajo pusimos énfasis en una situación habitual en nuestros campos, en que las familias están con sus terrenos ubicados en quebradas o cerca de los ríos y hoy, por las características de relieve de nuestro país y las normas que significan el estar en zonas no autorizadas para la vivienda, genera mucha dificultad y encarece cualquier solución posible y con los subsidios no es posible de abarcar”.
Principales propuestas
Respecto de la postulación a subsidios, se sugiere crear un Banco Integrado de Postulación, de ventanilla abierta, o cierre semestral, para descongestionar la demanda que sufren los municipios en los periodos de postulación y acortar el tiempo de espera de los postulantes.
Además, se requiere generar una coordinación interinstitucional, con los servicios de soporte para el acceso a los subsidios, como son la SEREMI de Salud, DOH, Sernageomin, Bienes Nacionales y Municipalidades, entre otros. Esto, junto con fortalecer la institucionalidad con los equipos técnicos necesarios, revisando los procesos de los organismos que participan en la tramitación para postular a los subsidios DS10.
Otro punto importante es acelerar los traspasos de terrenos comprometidos para comités, desde Bienes Nacionales a SERVIU. Considerando que la Región de Coquimbo es la que cuenta con menor superficie fiscal (menor del 1%), también se plantea la inscripción a nombre del fisco de Chile de terrenos no inscritos, con lo que se podría incorporar al menos 1.600 hectáreas a la administración fiscal, aumentando terrenos disponibles para la construcción de viviendas sociales.
Respecto del financiamiento, se sugiere aumentar el monto de los subsidios, con el fin de cubrir el aumento en el precio de los materiales, sumando los nuevos requerimientos como eficiencia energética.
NUEVAS AUTORIDADES
Tras recibir los antecedentes, el ministro (s) de Vivienda, Guillermo Rolando, destacó la relación permanente de trabajo sostenida entre el CORE y Minvu en materia habitacional y urbana, con una o dos reuniones por año durante 2018.
Sobre el informe y propuestas de mejora para la implementación del Programa de habitabilidad y el subsidio DS 10, agregó que “nosotros como cartera estamos muy conscientes de que hay que hacer mejoras y correcciones importantes a ese programa, hay un número grande de familias que tienen subsidio en mano y nos ha costado mucho que eso termine en el mejoramiento de la vivienda o en proyectos de viviendas nuevos, pese a que también hemos hecho mejoras, a las que se sumarán los avances a partir de este trabajo que hoy recibimos de parte del CORE”.
Para esto, Rolando comprometió reunirse con el equipo técnico del programa rural a nivel central y con los consejeros, lo que “creemos que va a ser muy bien recibido para que las nuevas autoridades plasmen estas ideas en mejoras del programa para 2022”, resumió.
REACCIONES
Sobre el encuentro, el presidente de la comisión de desarrollo social del CORE, Lombardo Toledo, dijo que “estamos muy satisfechos, porque una vez más este Consejo Regional hace un diagnóstico muy acabado y realista sobre el mundo de la vivienda rural, una propuesta que puede mejorar la calidad de vida futura de nuestra gente del campo”.
Por su parte, el consejero Carlos Galleguillos agregó que “en este corto periodo que nos queda a algunos de nosotros, como es mi caso, se va a avanzar. Este es un trabajo hecho con mucha responsabilidad y emocionalidad pensando en lo que sucede en ciertas zonas rurales, así que veo con mucho optimismo el compromiso del subsecretario de presentar esta propuesta a sus equipos profesionales y a reunirse con nosotros, dando mucha más seguridad de que esto se pueda concretar”.
