El 15 de marzo de 2026, el Juzgado de Garantía de Illapel dictó sentencia en la causa relacionada con una serie de querellas criminales por delitos tributarios presentadas por el Servicio de Impuestos Internos que involucraron a representantes de distintas empresas de la provincia del Choapa.
Las investigaciones se iniciaron en junio de 2022, cuando el SII presentó la primera querella contra Rodrigo Andrés Gallardo Cortés y Michel Hans Cortés Guerra, representantes de la sociedad Ingeniería y Construcción Hadysic Limitada, por perjuicios fiscales que superaron los $600 millones en IVA, renta y devoluciones indebidas. Posteriormente, se ampliaron las acciones legales contra otros imputados, entre ellos Patricio Javier Gatica Rossi (Minera La Puntilla S.A.), Humberto Ahumada Bugueño y René Gastón San Cristóbal Narbona, quienes también fueron acusados de evasión tributaria con perjuicios millonarios al fisco.
El fallo condenó a Gallardo Cortés y Cortés Guerra a penas de 541 días de presidio menor y multas que en conjunto superan los $60 millones, por delitos reiterados de evasión tributaria. Asimismo, se sancionó a Enrique Antonio Godoy Herrera con 1.623 días de presidio menor en su grado medio, suspensión de oficio y cargo público, y multa de 15 UTM; mientras que Emilio Ernesto González Frías recibió 1.082 días de presidio menor, suspensión de oficio y multa de 40 UTM.
Por su parte, Humberto Ahumada Bugueño fue condenado a 541 días de presidio menor y multa equivalente al 30% de lo defraudado, es decir, más de $23 millones. En tanto, René Gastón San Cristóbal Narbona recibió la misma pena corporal y una multa de $6 millones.
Cabe destacar que en noviembre de 2025 se acordó una suspensión condicional respecto de Patricio Javier Gatica Rossi, quien pagó más de $131 millones en multas, en tres cuotas en la Tesorería General de la República.
Con estas resoluciones, el tribunal no solo sancionó a los responsables de millonarias evasiones fiscales, sino que además produjo un efecto ejemplificador en la provincia del Choapa, al condenar a diversos empresarios de la zona. El fallo reafirma la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Este caso se enmarca en las medidas contenidas en el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario del SII, que contempla la gestión y avance de investigaciones por delitos tributarios en el proceso penal. En este contexto, desde la Dirección Regional del SII de Coquimbo, se ha fortalecido el trabajo colaborativo con el Ministerio Público, especialmente con la Fiscalía de Illapel, priorizando las investigaciones de alta complejidad y asegurando que las sanciones tengan un efecto disuasivo y ejemplificador en la comunidad.
