Comité de Ministros revisaría 9 de las 26 reclamaciones contra el permiso ambiental de Dominga probablemente a fines de febrero

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Fueron en total 26 reclamaciones que se presentaron contra la decisión de la COEVA ante la Instancia ministerial, quién solicitó a la empresa Andes Iron que aporte los antecedentes “al tenor” de los escritos aceptados. Para ello concedió un plazo que vence el 23 de febrero.

El director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y secretario Ejecutivo del Comité de Ministros, Hernán Brücher, decidió admitir a trámite nueve de los 26 recursos de reclamación contra el permiso ambiental otorgado al proyecto minero-portuario Dominga, que fue concedido el 24 de agosto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA).
La decisión se funda entre 26 recursos presentados a la instancia ministerial por diversas organizaciones ambientales, sociales y productivas de La Higuera, los que fueron revisados uno a uno tanto por la directora regional del SEA, Claudia Martínez, como por el propio Brücher.
Esta es la arista administrativa que se sigue luego de que la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo , presidida por el ex deleegado Pablo Herman (quien votó en contra) finalmente aprobara la calificación ambiental del proyecto mediante resolución exenta N° 161, de 24 de agosto de 2021 (“RCA N° 161/2021” o la “RCA”).

LA OTRA VÍA PARALELA
Esta reclamación contra esa aprobación corre por vía paralela al proceso judicial en la Tercera Sala Corte Suprema de Justicia contra la resolución del Tribunal Ambiental que sirvió de base para que se produjera dicha votación de la COEVA Regional. En este carril la Corte Suprema tiene planificado, para mediados de marzo, una nueva audiencia de conciliación. Ello luego que Andes Iron presentara como bases 56 medidas socioambientales, las que deberán ser analizadas por las partes contrarias. De lo contrario, el juez Jean Pierre Matus procederá a redactar la sentencia.

¿Quiénes son y quiénes quedaron fuera ante el Comité de Ministros?
El 26 de enero pasado, el director del SEA evacuó un informe de 12 páginas, con copia a cada uno de los recurrentes a la decisión adoptada por la COEVA. Entre los 26 recurrentes aceptados por el organismo ministerial se encuentra uno patrocinado por Ezio Costa, abogado de Oceana.
Otra reclamación está amparada por la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros; uno por el sindicato Independiente Nº1 de Buzos y Pescadores de Caleta Los Hornos; además del presentado por el Sindicato de Trabajadores Artesanales, Buzos, Mariscadores y Recolectores de Chungungo y también el exhibido por la Comunidad Agrícola de Los Choros. También fueron aceptados los escritos del concejal Óscar Aviléz y la ex candidata a Constituyente Nancy Duman. El resto fueron presentados por personas naturales.
Al contrario, el organismo dependiente del ministerio del Medio Ambiente, resolvió negar las demandas del Movimiento Defensa del Medio Ambiente (Modema); el Comité de Agua Potable Rural de Punta de Choros; las juntas de vecinos Nº 21 y Nº3 de los sectores Llanos de Los Choros y Los Choros, respectivamente; el de la Asociación de Trabajadores Independiente de Chungungo y el Sindicato de Trabajadores Independiente de Buzos, Mariscadores y Pescadores de Chañaral de Aceituno.

La instancia ministerial solicitó a la empresa Andes Iron, controlador del proyecto Dominga, establecer un periodo de 20 días hábiles para que aporte los antecedentes “al tenor” de los escritos aceptados, plazo que vence el 23 de febrero. Luego desde esa fecha se podría someter a revisión por el Comité, es decir a dos semanas que comience el Gobierno de Gabriel Boric y asuman los nuevos secretarios de Estado.

El proyecto Dominga busca instalarse en comuna de La Higuera, con una inversión de US$2.500 millones, cuenta con permiso ambiental luego que recibiera 11 votos a favor y uno en contra del ex delegado Presidencial, Pablo Herman en la sesión de la COEVA. La instancia fue conformada por orden del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), que estableció en abril de este año, retrotraer el proceso administrativo, ajustado esta vez a derecho, al considerar que los titulares del proyecto, Andes Iron, aportaran con todos los antecedentes necesarios para su correcta evaluación.