Durante décadas, los habitantes de La Serena y Coquimbo nos acostumbramos a mirar hacia arriba y aceptar, con una mezcla de resignación y hastío, un paisaje contaminado por cables, toneladas de plástico y cobre que estrangulan el patrimonio colonial de nuestra capital regional y ensucian la fisonomía portuaria y costera de nuestra vecina comuna puerto.
La denominada “basura aérea” dejó de ser hace mucho tiempo un mero problema estético; se transformó en un peligro público latente, una herencia de impunidad empresarial y un reflejo de la indolencia fiscalizadora. Hoy, con la puesta en marcha del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables en este invierno de 2026, la conurbación se juega una oportunidad histórica para recuperar su derecho al cielo limpio y a un entorno urbano seguro.
El hecho de que La Serena y Coquimbo hayan sido incluidas de manera simultánea entre las 34 primeras comunas en la Fase 1 de esta ofensiva gubernamental —dentro de un universo de 319 comunas— no es un premio de consuelo, sino el reconocimiento técnico de una urgencia crítica.
Nuestra geografía local padece una vulnerabilidad doble. Por un lado, el Casco Histórico de La Serena, un tesoro arquitectónico que es orgullo nacional, ha estado expuesto por años al riesgo inminente de incendios devastadores debido a cortocircuitos alimentados por líneas muertas y enredos indescifrables. Por otro lado, la humedad salina extrema de Coquimbo oxida anclajes y deteriora soportes, provocando la caída constante de cables en desuso sobre veredas residenciales y vías comerciales, interrumpiendo el tránsito y amenazando la integridad física de los transeúntes.
La reciente aprobación de la nueva ordenanza municipal en La Serena, que establece plazos fatales de 30 días para que las operadoras retiren sus desechos técnicos bajo amenaza de duras sanciones financieras, marca el camino correcto: el de la tolerancia cero. Por años, las grandes empresas de telecomunicaciones jugaron al gato y al ratón, escudándose en la falta de un reglamento para la Ley 21.172. La normativa actual no solo obliga a las firmas a georreferenciar sus redes y hacerse cargo de sus pasivos ambientales, sino que empodera a los municipios para ejecutar los retiros y trasladar íntegramente los costos a las compañías infractoras. Ya no hay espacio para la excusa corporativa de la “línea fantasma” o de la empresa que ya no existe; la infraestructura compartida y la responsabilidad social deben ser la norma, no la excepción.
Limpiar los miles de kilómetros de cables que asfixian a La Serena y Coquimbo requerirá una cirugía urbana de alta precisión. El desafío no es menor, pues las cuadrillas deben extirpar el tejido muerto sin cortar la fibra óptica que da vida a la conectividad digital y al despliegue del 5G que sostiene nuestra economía local.
El éxito de este plan a tres años no dependerá únicamente de la voluntad del gobierno central o de la rigurosidad de la Subtel regional; demandará una fiscalización ciudadana implacable y una coordinación milimétrica entre las direcciones de obras de ambos municipios y las empresas eléctricas como CGE. La Serena y Coquimbo merecen respirar visualmente. Descolgar la desidia de nuestros postes es el primer paso para demostrar que el desarrollo de una ciudad no se mide solo por los servicios que introduce, sino por la dignidad y el respeto con el que cuida su espacio público.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
