Los jueces acogieron la petición de comunidades diaguitas y vecinos de Alto del Carmen, que acusan que las perforaciones se harían en el área clausurada de la mina. La iniciativa considera sondajes de hasta 700 metros de profundidad en 43 plataformas, repartidos en dos temporadas de verano. Según la empresa, se generarán 75 puestos de trabajo por temporada.
El proyecto con que la canadiense Barrick buscaba volver a explorar la zona de Pascua Lama sufrió un revés judicial. El Segundo Tribunal Ambiental suspendió por 30 días el permiso ambiental -Resolución de Calificación Ambiental, RCA- de la “Prospección Minera El Alto”, valorizado en unos US$35 millones.
Mientras rija esa medida, que puede renovarse, la compañía no podrá perforar. La decisión se tomó el lunes pasado en tres causas distintas, impulsadas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las tres apuntan a lo mismo: que El Alto sería, según acusan, una reactivación de Pascua Lama, cuya clausura definitiva ordenó la Superintendencia del Medio Ambiente en 2018 y ratificó la justicia.
La iniciativa, a cargo de Compañía Minera Nevada, filial de Barrick, contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad en 43 plataformas, repartidos en dos temporadas de verano. Según la empresa, se generarán 75 puestos de trabajo por temporada.
Para el tribunal, el problema es dónde se ubica el proyecto. Al revisar su emplazamiento, los jueces detectaron que El Alto perforaría en el mismo lugar donde ya se hicieron sondajes para Pascua Lama, un dato que fue corroborado por Sernageomin. Más aún, el área del proyecto se ubica en lo que fue la zona del rajo de Pascua Lama, dentro del terreno sujeto al plan de cierre.
La Corte Suprema ya se pronunció sobre algo muy parecido. En 2022 declaró ilegales los sondajes que la misma empresa hizo en la zona entre 2020 y 2021, por considerarlos “a todas luces incompatibles” con el plan de cierre de Pascua Lama. Los jueces también pusieron en duda una de las conclusiones de la evaluación ambiental, que descartó que el proyecto afectara significativamente las formaciones de hielo de la zona.
Las plataformas están cerca de glaciares y glaciaretes como Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y en el subsuelo hay permafrost, más difícil de identificar. Con esos antecedentes, la afirmación de que el proyecto no se emplaza sobre ninguna formación de hielo “no se puede asumir como cierta”, escribió la mayoría.
El tribunal recurrió además al principio precautorio. Es decir, ante un posible daño irreversible, no hace falta certeza científica para actuar. Y advirtió un problema de tiempos. Como los trabajos duran solo dos temporadas, el proyecto podría estar terminado antes de que haya una sentencia, lo que le restaría eficacia a lo que en ella se resuelva.
En el caso de Los Huascoaltinos, los jueces sumaron otro reparo. La comunidad no fue considerada en la evaluación de El Alto, pese a que el propio Servicio de Evaluación Ambiental sí la incluyó en la consulta indígena del cierre de Pascua Lama, que se desarrolla en el mismo territorio. La Comunidad Diaguita Alta Cordillera, en tanto, no obtuvo todo lo que pidió.
El tribunal rechazó paralizar la consulta indígena del plan de cierre de Pascua Lama, por tratarse de un proceso distinto y porque podría afectar a otras comunidades que no son parte del juicio La decisión no fue unánime. El ministro Cristián López votó por rechazar las medidas. A su juicio, determinar si El Alto es o no una prolongación de Pascua Lama es una discusión de fondo que no corresponde zanjar en esta etapa.
Recordó, además, que el proyecto es temporal, que fue evaluado y que está bajo fiscalización de la SMA. La minera había defendido que El Alto es un proyecto nuevo e independiente, que no usa infraestructura de Pascua Lama y que es compatible con su cierre. También argumentó que las vibraciones de los sondajes alcanzarían unos 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas están a más de 300.
En paralelo, ya en Santiago, el abogado de Los Huascoaltinos pidió inhabilitar a la presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy, cuyo cónyuge es gerente legal de Minera Zaldívar, compañía en la que Barrick tiene participación. También pidió apartar al ministro López, solicitud que fue rechazada. Godoy no integró la sala que resolvió, compuesta por López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos.
