Privados, una inmobiliaria y una consultora: los dueños de predios detrás de la impugnación del río Elqui como Humedal Urbano

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Seremi de Medio Ambiente, Leonardo Gros, explicó los escenarios que podrían darse con las acciones legales contra la declaratoria de las 49 hectáreas protegidas, que van desde Altovalsol a la desembocadura del cauce en el mar. Una de las principales ONG que apoyaron el resguardo de la zona no participará de los alegatos.

Si pensaron que el conflicto en torno a la protección de unas 49 hectáreas aledañas, desde Altovalsol a la desembocadura del cauce, y que culminaron la una emblemática declaratoria del rio Elqui como Humedal Urbano -el primero en la comuna de La Serena- llegaría a su fin, están totalmente equivocados.
Esto luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) decidiera admitir a tramitación cinco causas que pretenden revertir la declaración realizada por el Ministerio del Medio Ambiente el 25 de julio de este año (Resolución Exenta N.º 833).
Cabe recordar que el escándalo por la protección de ese ecosistema comenzó en 2021, luego que la Inmobiliaria ISiete decidiera levantar el proyecto Ipanema, un complejo de departamentos, algunos con subsidios, lo que provocó manifestaciones de organizaciones ecologistas, ciudadanas y el rechazo de autoridades locales, cuando la empresa comenzó a cercar el predio y otras obras civiles.
Luego de eso, y tras un extenso proceso, finalmente la autoridad sectorial del Medio Ambiente configuró un polígono de protección.

Entre el 20 y 21 de septiembre de este año, varios particulares, una consultora y una inmobiliaria impugnaron esa decisión. Se trata de la Inmobiliaria Habita (tres lotes en ribera sur, próximos al río); la Sociedad Agrícola Emilia Apey (terreno cercano al Faro de La Serena); la consultora Gestión y Desarrollo S.A.(terrenos en segunda línea detrás de complejo inmobiliario Laguna del Mar); además de los particulares María Alvarado y otros (parcelas ribera norte) y Diego Brun (parcela ribera norte) , quienes entablaron escritos en la justicia ambiental, con sede en la Segunda Región.

De acuerdo a los expedientes, las reclamaciones tienen algunos elementos comunes como la relación con la superficie que abarca el humedal, ya que aducen que sus terrenos no se ajustan a las características que debe tener un humedal urbano de acuerdo a la ley; además, de vicios del proceso y el límite del derecho de propiedad y de su uso, goce y disposición.

Respecto a otros argumentos, se detalla que no hubo posibilidad de participar activamente en el procedimiento de declaratoria de humedal urbano y algunos reclamantes aducen que hay una discordancia en la gestión ambiental local llevada a cabo por el Municipio de La Serena y el Ministerio de Medio Ambiente.
Según lo que ha constatado el 1TA, este humedal es un cuerpo de agua de alto endemismo, riqueza y diversidad de 161 especies de fauna vertebrada, de las cuales 139 corresponden a aves residentes y migratorias. Algunas especies están en categoría de conservación como el pidencito (Laterallus jamaicensis) que se encuentra “casi amenzada” y el chorlo nevado (Charadrius nivosis) clasificado como “vulnerable”.

Escenarios
Consultado al seremi del Medio Ambiente, Leonardo Gros, expresó que siempre que se declaran como humedales urbanos distintas partes del país ocurren estos procesos de reclamación, por lo que intenta poner paños fríos a la controversia, ya que “es muy difícil poder dejar a todo el mundo satis-fecho cuando terrenos que son de carácter particular son considerados y declarados dentro del polígono del humedal urbano”, y adelantó que desde la cartera están preparando una respuesta jurídica con todos los antecedentes técnicos que justifican de la declaratoria.
Explicó que, tras la presentación de los escritos, pueden ocurrir algunas situaciones. Primero que las causas sean desestimadas rápidamente por la sala, vista por la magistrada presidenta del 1TA, Sandra Álvarez, y los jueces Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos. En este escenario, el polígono queda exactamente tal cual está declarado.
Otra alternativa es que, en consideración de los argumentos establecidos por los reclamantes, el tribunal pueda determinar que se deba hacer un ajuste del sitio, además, situación que a juicio del seremi “sería lo más difícil porque no ha ocurrido en Chile”, en la línea de anular una declaratoria de humedal urbano. Ello contraería iniciar un nuevo proceso de protección.
“Eso es mucho más difícil que ocurra porque los respaldos que tenemos justifican plenamente conforme a lo que establece la ley, que los territorios que están considerados dentro del polígono efectivamente corresponden a humedales, así que nosotros esperamos que este proceso se cierre pronto para tranquilidad de los vecinos”, precisó.

Rudy Vergara, presidente de la ONG Elqui Verde, señaló que “como ONG lo hemos conversado con otras (personas) que están trabajando y es bien poco lo que podemos hacer porque es un tema que se entra a complicar y a judicializar, en donde los costos ya son otros y los recursos que se necesitan son más elevados, pero también sabemos que la defensa del actual polígono que se definió, al venir del Ministerio del Medio Ambiente, deberá hacerse en esa línea”, añade.
En cuanto a las expectativas del proceso, Gros aseguró que se encuentran -como Ministerio- “tranquilos”, “consideramos que las cosas del punto de vista técnico se han hecho bien, con la prudencia del caso y vamos a contestar técnicamente cada uno de los requerimientos que están haciendo las personas que están en su justo derecho”.
“Esto es un proceso normal que siempre ocurre en este tipo de instancias, sabíamos que esto podía ocurrir así que no nos sorprende ni tampoco nos preocupa mucho, dado que es parte del procedimiento (…) Cuando un territorio es considerado humedal o no, creemos que aquí se cumple en un 100% lo establecido en la ley”, sentenció.