Con la presencia de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y el Delegado Presidencial Regional, Víctor Pino, la capital regional se convierte en prioridad nacional de la para erradicar la contaminación visual y los riesgos urbanos del tendido aéreo.
La batalla definitiva contra la contaminación visual, el peligro urbano y el abandono de cableado aéreo vivirá un hito clave en la Región de Coquimbo. Durante esta mañana, las autoridades darán el puntapié inicial al Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables en la comuna de La Serena. El despliegue operativo comenzará formalmente en la emblemática intersección de las calles Balmaceda y Eduardo de la Barra, una de las zonas más afectadas por la saturación de líneas en el centro de la ciudad.
La actividad estará encabezada por el Delegado Presidencial Regional, Víctor Pino Fuentes, junto a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, marcando el inicio formal de un esfuerzo gubernamental que busca recuperar los espacios públicos locales. La Serena, junto a Coquimbo, logró ingresar de forma simultánea a la “Fase 1” prioritaria de este plan, el cual contempla la intervención de 66 mil puntos críticos en 319 comunas de las 16 regiones de Chile en un plazo de tres años.
La conurbación fue catalogada como zona urgente debido al deterioro de sus postaciones por condiciones climáticas y la saturación de su patrimonio colonial. En el global, la iniciativa considera la intervención de 2.800 puntos críticos, en las quince comunas de la región de Coquimbo.
Este despliegue en terreno responde a la entrada en vigencia efectiva del reglamento técnico de la Ley 21.172 (conocida como Ley “Chao Cables”) en septiembre de 2025. Tras años de vacío legal, la normativa obliga estrictamente a las empresas de telecomunicaciones a hacerse cargo de su desecho aéreo, estableciendo plazos máximos de cinco meses para retirar elementos calificados como “basura”, y solo 10 días hábiles para responder a los municipios sobre la propiedad del cableado.
Para asegurar el éxito del plan, la Municipalidad de La Serena implementó recientemente una ordenanza pionera que entrega “garras” fiscalizadoras al gobierno local. Esta normativa prohíbe explícitamente los llamados “colchones” de cables y los rollos acumulados en los postes. Una vez notificada la infracción, las compañías privadas tendrán un plazo fatal de 30 días para limpiar los tramos afectados. De no cumplir, arriesgan duras multas en el Juzgado de Policía Local, bajo un nuevo marco legal que faculta a los municipios a retirar el material muerto y traspasar la totalidad de los costos operativos a las empresas.
A través de la georreferenciación obligatoria de las redes y la cooperación del sector privado, coordinado en la zona con mesas técnicas donde también participa Ovalle, el objetivo regional es retirar miles de kilómetros de líneas muertas sin afectar las conexiones activas de los usuarios, devolviendo la seguridad y la dignidad visual a las calles del norte chico.
