Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que lleva el Ministerio Público de Valparaíso por presunto fraude al fisco, el servicio logró detectar que el costo tributario de los inmuebles era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago de gravámenes.
El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su Dirección Regional de La Serena, interpuso una querella por presunto delito tributario asociado a la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de las inmobiliarias implicadas en la controvertida venta de terrenos que originaron el bullado caso denominado Payaya Gate.
Las sociedades investigadas son Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A., y todos quienes resulten responsables, empresas que participaron en la venta de una serie de lotes de terrenos en el sector de San Ramón de La Serena, que irían a la construcción de un centro deportivo y adquiridos bajo el periodo de la ex Intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto.
Cabe recordar que la Contraloría General de la República representó en cuatro oportunidades la compra venta, por más de $9 mil millones. Sin embargo, el proceso entre las partes siguió adelante y se efectuó son la “toma de razón” del ente fiscalizador. Las empresas están representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud. A juicio del SII, los individualizados adquirieron los predios por $485.229.830, en el año 2014.
En el marco de la presentación de esta querella, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, enfatizó que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.
La lupa del SII
Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que lleva la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público en Valparaíso, pericia que lleva adelante la fiscal regional Claudia Perivancich, por eventual fraude al fisco, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021, con la finalidad de detectar si determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, por parte de las sociedades mencionadas, fuera el que correspondía.
A partir de esta auditoría se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $.3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado).
Con esta información, el SII inició un proceso de recopilación de antecedentes en contra de las seis sociedades, lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta.
El objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones.
Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer: “Entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos”
Abogado de la Universidad de Chile y Magister en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, lleva una carrera superior a las dos décadas en el servicio. Fue nombrado en enero del 2022 como Subdirector Jurídico.
“Como servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables”.
Esa fue parte de la breve declaración que entregó el Servicio de Impuestos Internos (SII) que esta semana remeció a la región de Coquimbo, luego de conocerse que la entidad presentó una querella por eventuales delitos tributarios contra las seis sociedades que vendieron los terrenos al Gobierno Regional de Coquimbo, ligados al caso Papaya Gate (ver nota principal).
Los dichos a nombre del organismo recaudador fueron emitidos por su subdirector Jurídico, Marcelo Freyhoffer, abogado de la Universidad de Chile, quien lleva más de dos décadas en la institución. “Y lo hacemos, porque estamos seguros de que esta forma, perseguimos no solo la sanción contra quienes dañen nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos”, agregó.
Magister en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, Freyhoffer ingresó al SII en enero del 2023 y fue jefe de la Oficina de Análisis de la Jurisprudencia. Luego, en 2015 se desempeño como subdirector de Contraloría Interna, hasta enero del 2022, cuando logró convertirse en subdirector Jurídico.
