A casi dos años que la persecutora designada por el fiscal Nacional, Jorge Abbott, para periciar la causa -aún desformalizada- comentó aspectos de la indagación, tras ser notificada del último informe de la Contraloría, que sancionó funcionarios de alto rango del gobierno anterior. Aclaró que se han desarrollado “múltiples diligencias” y que la investigación se encuentra bastante “avanzada”.
Fue un largo informe de más de 300 páginas que la Contraloría volvió a encender el bullado caso Papaya Gate. Parecía una investigación dormida, a casi dos años de remitirse los antecedentes al Ministerio Público de Valparaíso por las eventuales irregularidades en la compra, por $9.800 millones, de una serie de predios en el sector de San Ramón, en La Serena, para la construcción de un centro deportivo, y que las objeciones del ente fiscalizador fueron “saltadas” por la ex intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto. Ello costó su salida casi inmediata.
Y al igual que en el informe inicial, la Contraloria remitió el voluminoso documento no solo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que interpuso una querella criminal contra Pinto, además de José Cáceres, ex administrador del Gobierno Regional, y Eduardo Espinoza, ex jefe del departamento Jurídico, sino también a la propia fiscalía porteña, cuya investigación está encargada por la persecutora, Claudia Perivancich, quien dio a conocer que en el mediano plazo “tomarán la decisión de formalizar la causa o bien buscar alguna opción distinta”.
“Como es sabido, la Fiscalía Regional de Valparaíso está a cargo de una indagación por la eventual comisión de delitos, en particular por fraude al fisco por parte del Gobierno Regional de Coquimbo por una transacción millonaria a propósito de la compra de una serie de inmuebles”, sostuvo Perivancich, quien agregó que “estos días acabamos de tomar conocimiento que la Contraloría, en el marco de la investigación administrativa en relación a estos hechos, resolvió disponer la remoción de algunos funcionarios estatales que trabajaban al interior del Gobierno Regional, entre ellos quien fuera la ex intendenta de Coquimbo, y, en ese marco, está remitiendo los antecedentes a la indagación de la Fiscalía los de por cierto van a ser de interés” añade.
Sin embargo, aclaró que “es importante tener que aquello dice relación con el ámbito de la exigencia y la vía para hacer efectiva la responsabilidad en el ámbito administrativo, y nosotros tenemos que, a través de nuestra investigación penal, determinar la existencia de elementos que nos permitan sostener una imputación por la comisión de un delito, probablemente el fraude al fisco”.
En ese sentido, apuntó a que el estado de la investigación se encuentra “bastante avanzada”: “hemos desarrollado múltiples diligencias, entre ellas hemos tomado declaraciones en calidad de imputada a la ex intendenta y a otros funcionarios del interior Gobierno Regional”.
El informe final de la Contraloría reiteró las graves irregularidades durante el proceso de compra que fueron representados en cuatro oportunidades por el ente fiscalizador, y que de igual forma fueron adquiridos e inscritos en una notaría, sin contar con la toma de razón. Además de Pinto, Cáceres y Ramírez, otros ex funcionarios del Gobierno Regional son Roció Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Lorena Araya, ex jefa de División de. Administración y Finanzas del Gobierno Regional y también se castiga al funcionario Cristian Becerra, quien fue jefe de Finanzas. En la Secretaria Regional de Desarrollo Social, hay faltas para dos funcionarias, mientras que de la Municipalidad de La Serena fue recriminado, Sergio Rojas de la Secretaría de Planificación.
En agosto de 2021, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó el informe con los resultados de su trabajo por el caso. En cuanto a las conclusiones, la primera de ellas la comisión determinó que la ex Intendenta, Lucía Pinto, es la principal responsable política del mayor caso de corrupción de la región de Coquimbo.
“Por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la exautoridad permitió que se defraudara al Fisco por casi 10 mil millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón, La Serena, a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios donde se construiría las nuevas instalaciones del Centro Deportivo”, señaló el informe.
