A propósito de la reciente celebración de la Semana de la Pyme 2026, resulta imprescindible detener la mirada periodística en el engranaje central de nuestra economía. De acuerdo con las cifras más recientes del Registro Estadístico de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadísticas y del Servicio de Impuestos Internos, en Chile existen más de 1,2 millones de empresas activas. De ese universo, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) representan el 98,5% del tejido productivo nacional y son responsables de generar cerca del 60% del empleo formal. En la Región de Coquimbo, esta realidad cobra un cariz decisivo: más de 60 mil empresas activas —concentradas mayoritariamente en La Serena, Coquimbo y Ovalle— sostienen más de 225 mil puestos de trabajo dependientes en sectores clave como el comercio, la agricultura, la construcción y los servicios.
Sin embargo, detrás de las frías estadísticas subyace una épica personal que rara vez se aquilata en su justa dimensión. Emprender en Chile y en regiones es una tarea de carácter solitario y atrevido. El pequeño empresario no goza de espaldas financieras holgadas ni de redes de protección ante la adversidad. Asume riesgos patrimoniales directos, compromete el bienestar familiar y trabaja infinitamente más horas de las que prescribe cualquier jornada legal, postergando no pocas veces su propio retorno económico para garantizar el pago de sueldos de sus colaboradores y la continuidad operacional.
Esta vocación de resistencia se enfrenta hoy a un contexto de marcada vulnerabilidad. Las pymes operan en un ecosistema crecientemente complejo, presionadas por una acumulación de regulaciones, mayores obligaciones laborales —como la adaptación a la jornada de 40 horas y el incremento sostenido del salario mínimo—, sumadas a rigideces tributarias que golpean de forma desproporcionada su flujo de caja. Cuando la economía se desacelera o la incertidumbre se instala, el margen de maniobra de una pyme se reduce a días, haciendo que la diferencia entre la subsistencia y el cierre sea dramáticamente estrecha.
Frente a esta coyuntura, la discusión pública demanda dejar atrás los discursos de buena crianza y concentrarse en apoyos directos y eficaces. En la prensa económica reciente destacan tres medidas concretas que entregan alivio financiero al sector:
En primer lugar, la promulgación de la Ley N° 21.751 que otorga un Subsidio Directo al Pago del Sueldo Mínimo, un aporte estatal por trabajador dependiente diseñado para mitigar el impacto del alza salarial en las micro y pequeñas empresas. En segundo lugar, la reactivación y fortalecimiento de las líneas de financiamiento garantizado como el FOGAPE y las coberturas FOGAIN de Corfo, que permiten flexibilizar las exigencias bancarias, aliviar los flujos de caja y reprogramar deudas operativas a plazos extendidos. Por último, el reciente anuncio gubernamental de proyectos de ley orientados a la simplificación de trámites tributarios y al pago oportuno, mecanismos clave para frenar la asfixia por morosidad comercial.
La Región de Coquimbo no logrará consolidar una senda de desarrollo sostenible sin pymes fuertes. Proteger a sus creadores no es una concesión del Estado, sino una inversión estratégica en la estabilidad social y productiva de nuestro territorio.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
