En la edición pasada de Semanario Tiempo se dio a conocer que el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó antecedentes “adecuados y suficientes” para evaluar impactos que podría generar la iniciativa minero-portuaria de Andes Iron.
A menos de un mes que la Corte Suprema de Justicia desechara los recursos de casación interpuestos contra el proyecto mineroportuario, la ministra del Medio Ambiente y presidenta del Comité de Ministros, Maisa Rojas, cree que a fines de este año la instancia colegiada resolverá la iniciativa de Andes Iron.
“De aquí a que se vea el caso Dominga en el Comité de Ministros tiene un par de meses todavía, yo creo que hacia fines de año”, sostuvo Rojas, quien consideró además que el proceso de revisión no será corto, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ofició a ocho servicios públicos para que hagan los informes respondiendo a las diversas reclamaciones en torno al proyecto.
“Eso se demora un par de meses, y después el SEA recoge toda esa información, hace un consolidado, etc.”, dijo. “Estos proyectos tan largos no nos hacen bien”, agregó.
Cabe recordar que en la edición pasada de Semanario Tiempo, expuso que la nueva directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, solicitó a distintos organismos públicos aentregar los antecedentes “adecuados y suficientes” para ponderar los eventuales impactos que pueda tener dicho proyecto que desea instalarse en La Higuera, al norte de la región de Coquimbo, con una inversión de US$2.500 millones.
Ello para resolver adecuadamente los 26 recursos de reclamación interpuestos tras la aprobación que realizó la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo en agosto del 2021. Las instituciones públicas emplazadas por el SEA son la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Desarrollo Social; el Servicio Agrícola Ganadero (SAG); el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur); la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y las subsecretarías de Medio Ambiente, Salud, y Pesca y Acuicultura, y el plazo fatal para que éstas emitan una respuesta vence el próximo 08 de junio.
En particular, a la DGA se le consultó si acompañó información para descartar impactos en la calidad de las aguas, considerando los riesgos de filtraciones y drenaje ácido desde el tranque de relaves (ubicado en el sector El Negrillo, ubicada aguas arriba de la quebrada de Los Choros). Mientras que al Ministerio de Desarrollo social se requirió por eventuales insuficiencias en medidas de mitigación, reparación y compensación, y al SAG se le pidió una estimación de la calidad del aire y el cumplimiento normativo presentado en Adenda 3, para, entre otras cosas, caracterizar el material particulado sobre los recursos naturales renovables que puedan afectar la biodiversidad del área de influencia del proyecto.
En tanto, al Sernatur deberá aportar los antecedentes sobre el valor turístico de la zona, especialmente, de Caleta Totoralillo (Norte), Punta de Choros, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla de ChorosDamas. En tanto a Directemar se demandó la información respecto del área de influencia y línea de base del medio marino, en consideración a las condiciones geotécnicas y oceanográficas del área donde se localiza Dominga. Por su parte, la Subsecretaría de Salud deberá examinar los riesgos del material particulado y gases generados en el área de influencia.
Una de las dimensiones más cuestionadas contra Dominga es su supuesto riesgo al medio ambiente. Así el SEA solicitó a la subsecretaría del ramo precisar y cuantificar las emisiones atmosféricas, con especial atención al tránsito vehicular en la Ruta 5 y la actividad de navegación entre Coquimbo y Totoralillo Norte. Pero también debe constreñir la suficiencia del área de influencia para el medio marino, en consideración al sistema de surgencia de la corriente de Humboldt.
