Crisis de seguridad influye en baja de libertades condicionales otorgadas: 10 casos aceptados, la menor cifra en los últimos siete años

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“Fuimos bastantes exhaustivos en la revisión de los antecedentes, porque conocemos la crisis de seguridad que existe en el país”, dijo el presidente del tribunal de alzada serenense. Comisión, que sesionada dos veces al año, analizó 380 solicitud, acogiendo un 2,6% de éstas.

“Fuimos bastantes exhaustivos en la revisión de los antecedentes, porque conocemos la crisis de seguridad que existe en el país, de manera tal que tuvimos una reunión previa al inicio de las sesiones con el fin de marcar criterios que íbamos a aplicar al momento de conocer las solicitudes”.
Las palabras corresponden al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar tras conocerse los resultados de la Comisión de Libertad Condicional que en la región de Coquimbo tuvo que revisar 380 solicitudes, donde se decidió otorgar el beneficio en 10 casos, 6 hombres y 4 mujeres, lo que equivale al 2,6%.
De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, en los meses de abril y octubre. En esta oportunidad, el total de peticiones provenía de tres recintos penales de la región (342 de La Serena, 26 de Ovalle y 12 de Illapel), los que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma.
Sin embargo, los 10 casos aceptados representan el menor volumen en los últimos siete años (ver tabla), incidido no solo por el riguroso proceso, sino también por deterioro de las condiciones de seguridad en el país, reflejado en alzas de homicidios u otros delitos, incluso con hechos de muerte a funcionarios policiales.
“Estas personas, en el fondo, obtuvieron el beneficio de la libertad condicional, que de acuerdo al Decreto Ley permite concederles el beneficio en la medida en que existan determinados requisitos, lo que no significa que se extinga la responsabilidad o que quede sin efecto la condena, sino por el contrario, que esta condena se va a cumplir en medio libre, siempre con la asesoría y vigilancia del programa de Gendarmería de Chile, lo que ya fue informado a los respectivos recintos”, indicó Pulgar.
En este mismo sentido agregó que: “lo que nosotros hicimos como comisión es ser bastante exhaustivos en la revisión de los antecedentes, porque obviamente conocemos la crisis de seguridad que existe en el país, de manera tal que tuvimos una reunión previa al inicio de las sesiones con el fin de marcar ciertos criterios que íbamos a aplicar al momento de poder conocer las 380 solicitudes. Nos fijamos en la naturaleza del delito, en la existencia de antecedentes anteriores que pudiese permitirnos presumir o no, la posibilidad que vaya a cometer o no un nuevo ilícito y sobre todo el informe de Gendarmería”, explicó el ministro.
El presidente del tribunal de alzada señaló que dicho informe es clave porque la ley plantea que solo con un informe favorable se puede otorgar el beneficio. “En este informe revisamos si la persona reconoce el delito, el mal del daño causado, un rechazo explícito a la comisión de nuevos ilícitos y finalmente, si cuenta con una red laboral y familiar que permita que el recluso y la reclusa puedan contar con un apoyo que les permita en el fondo disuadir de la comisión de nuevos ilícitos penales”, enfatizó el ministro.
La comisión -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- estuvo presidida por el ministro Felipe Pulgar e integrada por las juezas orales Carol Sepúlveda, Ana Marcela Alfaro y Ana Karina Hernández; el juez Alain Maldonado de Garantía y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.
Para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se encuentran: haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.
Los condenados que optan al derecho quedan bajo la supervisión de personal especializado de Gendarmería, con la obligación de firmar en el Centro de Apoyo para la Integración Social, CRS, o la unidad más cercana al lugar de residencia.