Contraloría establece que Corporación G.G. Videla omitió un 45% de la deuda previsional

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En total, desde el organismo municipal informó solo 7.434 millones, sin embargo, Contraloría estableció que el monto final llegaba a los $13.258 millones, al cruzar información de distintas instituciones públicas. Concejales podrían acusar al alcalde de La Serena, Roberto Jacob de abandono de deberes.
Un dictamen de la Contraloría General de la República informó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), al 31 de diciembre del 2020, mantenía una deuda de $7.434.763.552, por no pago de cotizaciones previsionales y de salud del personal de todas sus áreas. Sin embargo, el organismo fiscalizador determinó que los compromisos llegaban a los $13.258 millones, es decir, un 45% más de lo comunicado.
Ello luego que la Contraloría validara y cruzara información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones, el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud, más los intereses, multas y recargos generados por el no pago oportuno de las referidas cotizaciones previsionales y de salud de su personal.
“En mérito de lo expuesto, esa corporación deberá efectuar el pago de las sumas adeudadas, indicando el origen de los montos utilizados para dicho efecto, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles”, menciona el organismo.
Y no fue lo único, puesto que los antecedentes del lapidario informe fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, mientras los dardos apuntaron a la gestión del actual alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien además preside la corporación municipal.
Para la concejala Daniela Norambuena menciona que “más de algún vecino estará esperando alguna explicación del informe respecto al informe de la Corporación. Esto era un secreto a voces, sabíamos que existían irregularidades y que hay una mala administración con los fondos públicos”.
“Lo más complejo son las transferencias de una cuenta a otra, cuentas de la Corporación que no tienen la misma finalidad (…) Nosotros como fiscalizadores tenemos la labor de fiscalizar y seguir adelante con todo lo que tiene que ver respecto a los dineros. Esto está en manos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado”, alerta.
Para la concejal Rayén Pojomovsky, la situación es escandalosa, y critica que desde la CGGV nunca se les proporcionó la información cuando lo solicitaron porque las sospechas siempre apuntaron a graves irregularidades al interior de la entidad. Incluso, agrega, están evaluando asesorías con abogados para las siguientes acciones y medidas que puedan adoptar los miembros del concejo.
“Estamos analizando hacer una acusación, hay que asumir las responsabilidades”, dispara.
Mientras el concejal Camilo Araya considera que al no tener claridad de las rendiciones y al no entregarles la información se configura eventuales faltas del alcalde Jacob de notable abandono de deberes, condición que tampoco descarta el concejal Félix Velasco, aunque este último opta principalmente a la tarea de bajar la deuda.