La gobernadora Krist Naranjo buscaba que el abogado acelerara el proceso entrampado en la Fiscalía de Valparaíso. Para la Contraloría dicha contratación no resultó ajustada a derecho, motivo por el cual el Gore Coquimbo deberá proceder a regularizar la situación.
A fines de febrero fue presentado como representante del Gobierno Regional (Gore) de Coquimbo, en la causa del Papaya Gate, el ex fiscal Carlos Gajardo. Ello supuso un despliegue mediático entre la gobernadora Krist Naranjo y el profesional por distintos puntos de la ciudad, que incluyó incluso una visita a las oficinas del Ministerio Público local.
En la instancia, había señalado que había diversos hechos de corrupción que están hoy día siendo investigados. “El más grave es el que se conoce es el Papaya Gate, por la compra de un terreno en más de 9.800 millones de pesos, cuando las tasaciones lo indicaban que ese terreno no costaba más de 4 mil millones. Hay ahí un hecho que debe ser investigado”, sostenía Gajardo.
El fichaje de Gajardo tuvo un costo de $13 millones, contrato hecho bajo la modalidad de trato directo, en su momento desde el Gobierno Regional habían informado que actualmente el organismo cuenta con cuatro abogados, uno nuevo que es el jefe del área jurídica y tres que vienen de la administración anterior, pero que no tienen experiencia en temas legales, sino que administrativos, que es lo que requiere el servicio.
Y por tal motivo optaron la asesoría jurídica externa para tener supuestamente más transparencia, y el servicio del ex fiscal del Ministerio Público y abogado, Carlos Gajardo, quien es reconocido por llevar adelante emblemáticos casos de corrupción en el país, como el Caso Penta, obedecía a la necesidad de darle celeridad a eventuales delitos que se cometieron bajo la administración de la ex intendenta Lucía Pinto.
Contraloría cuestiona
Sin embargo, en un informe y pronunciamiento emitido por la Contraloría se desprende que “es posible advertir, de lo informado por el Gobierno Regional de Coquimbo y de los antecedentes que adjunta, que dicho organismo público, mediante una resolución exenta autorizó y contrató los servicios del mencionado estudio jurídico, para efectos de procurarse asesoría jurídica especializada en materia penal”.
Contraloría aclara que, en base a la jurisprudencia administrativa, se ha precisado que la modalidad de contratación por trato directo constituye una excepción, por lo que exige que al momento de disponerla se demuestren, de modo efectivo y debidamente documentado, los motivos que justificaron su procedencia.
Además, se advierte que el Gobierno Regional fundamentó su decisión de contratar los servicios del mencionado estudio jurídico en la supuesta inexistencia de otros proveedores capaces de otorgar la seguridad y confianza que aquella oficina de abogados le brindaba, “aseveración que argumenta haciendo referencia a las materias altamente especializadas en las que dicha firma trabaja y al perfil profesional de sus abogados, caracterizados, según señala, por sus profundos conocimientos y experiencia en el ámbito del derecho penal”.
El organismo concluye que la contratación no resultó ajustada a derecho, motivo por el cual dicho servicio deberá proceder a regularizar tal situación, la incluso podría ser a través del sistema de compras del Estado en donde varios proveedores puedan optar a adjudicarse el contrato.
En septiembre del 2020 fue la misma Contraloría quien puso en antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público la compra de una serie de predio por $9.800 millones en el sector de San Ramón de La Serena para la construcción de un centro deportivo. La compra fue objetada en cuatro oportunidades por el ente contralor, representado en aquel entonces por la ex intendenta Lucía Pinto, quien, posterior al escándalo, debió renunciar al cargo.
Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo y el fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el presunto delito de fraude al fisco, en donde además se sumó el Consejo de Defensa del Estado con una querella. La causa a la fecha sigue sin ser formalizada.
