Se elaborará una normativa que dé una solución temporal, voluntaria, para absorber a esos trabajadores, bajo la modalidad de código del trabajo, sin elevar el 40% establecido por ley para funcionar con contrata. También se pedirá al organismo contralor aclarar la situación de aquellos empleados con convenios con otras instituciones, y se estableció una mesa para acceder a recursos permanente para cumplir con el dictamen, en un horizonte de cuatro años.
La Contraloría General de la República remeció en 2022 a la administración pública, al despachar un dictamen -considerado el pronunciamiento más relevante del órgano fiscalizador ese año- que le pondrá fin a la mayoría de los trabajadores contratados bajo el sistema de honorarios. En términos prácticos, el contralor Jorge Bermúdez ordenó al Estado finalizar ese régimen de trabajo en el caso de funcionarios que realizan labores habituales y permanentes.
El dictamen estableció un calendario para que esto se haga de forma paulatina, pero considera su pleno cumplimiento este año. Así las cosas, desde los municipios, los jefes comunales están buscando diversos mecanismos para dar cumplimiento al pronunciamiento, especialmente por la estrechez de los recursos que administran, además por impedimentos legales.
Concuerdan que el acto de Contraloría va en línea con otorgar mayor “justicia social” a esos trabajadores, pero desean dar salida con una nueva normativa, para aplicarla de forma gradual, sin contravenir su presupuesto. Para ello, se formó una mesa con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Hacienda.
Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), explicó a Semanario Tiempo que lo resuelto por Contraloría un gran problema para los municipios por dos razones. Primero, porque los municipios tienen un límite del 40% para funcionar con trabajadores bajo la modalidad de contrata. Por otro lado, agrega, existe financiero, en el sentido que “contratar a una persona a honorarios tiene un costo menos que una contrata”.
“Hemos pedido que Contraloría aclare algunos puntos de su dictamen en algunos funcionarios en que esto no es aplicable, por ejemplo, funcionarios a honorarios de Educación y Salud, porque están contratados en otros lados (organismos)”, sostuvo.
Además, el objetivo es ingresar un proyecto de ley que dé una solución temporal a una fórmula de contratación de estos trabajadores, que sea voluntario para los municipios, así como también acceder a los recursos para financiarlo.
Rafael Vera, alcalde de Vicuña, planteó que si bien es “fantástico” dar la posibilidad a los funcionarios que “son casi denominados como segunda o tercera categoría, por el hecho de tener un contrato que ni siquiera ve sus cotizaciones previsionales o su sistema de salud, efectivamente hay algunas unas incongruencias en la ley porque se nos pide aumentar la cantidad de las personas a todos los municipios, y por un tema presupuestario, económico, y porque la ley lo establece, ya estamos en el límite. No podemos crecer”.
¿Cuáles son las soluciones necesarias, desde el punto de vista de los alcaldes? Según Vera, primero se debe asignar un presupuesto y recursos para financiar estos aumentos en las remuneraciones. Segundo, la ley establece un 40% máximo de contratas, por lo que se está manejando adaptar que esos trabajadores pasen al código del trabajo, para que tengan las misma calidad contractual, sin elevar el 40% que la ley establece.
Tercero, las remuneraciones, a nivel global, en los municipios deben representar como máximo un 42% del gasto que deben incurrir los municipios, sean de planta, honorarios o contrata.
Rafael Vera reveló que, en pasillos, se planteó que estos cambios no se harán este año, sino de forma paulatina, en un horizonte de cuatro años. “Los acuerdos van en esa línea, quizás un 25% cada año, y esa es la discusión que se está tomando”, añadió.
Para Roberto Jacob, alcalde de La Serena, en lo ideal es que todas estas disposiciones vinieran con recursos. “Ahora, los funcionarios merecen salir de la situación en que están y pasar a contrata o planta, sería el ideal para todos, pero eso significa mucha plata”.
“Todos los funcionarios que son por convenios no pasarían, no están involucrados y nosotros la mayor cantidad de honorarios que tenemos son por convenio. Así que se supone que no sería tan grave para nosotros, pero tenemos que evaluarlo, y ver si será gradual, sin que signifique un desmedro para los trabajadores”, culminó.
