Emblemático caso tiene al Consejo de Defensa del Estado con una querella criminal contra los principales implicados, en una causa que aún se encuentra desformalizada -a casi dos años de conocerse, con pocos avances- en la Fiscalía Regional de Valparaíso.
El informe final de la Contraloría por el caso denominado Papaya Gate, nuevamente reiteró las graves irregularidades administrativas de la ex Intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto y otros altos funcionarios del Gobierno Regional durante el proceso de compra de predios en el sector de San Ramón para un complejo deportivo, en La Serena, que fueron representados en cuatro oportunidades por el ente fiscalizador, por un monto que superó los $9.800 millones, y que se inscribió en una notaría sin contar con la toma de razón.
En 322 páginas, La Contraloría además notificó de sanciones a personeros públicos de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y la Municipalidad de La Serena. En total, nueve personas involucradas directa e indirectamente, en una operación que tiene como principales implicados a Pinto, al ex administrador regional, José Cáceres, y al abogado Eduardo Iván Espinosa, exjefe del Departamento Jurídico. Todos por la gravedad de faltas a la probidad administrativa se les propone aplicar la medida disciplinaria de destitución.
Los antecedentes fueron remitidos a la persecutora del caso, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, además de la procuraduría del Consejo de Defensa del Estado en la quinta región.
Los otros ex funcionarios del Gobierno Regional son Roció Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, respecto de quien la contraloría propone como sancion una multa de 30% de su remuneración y anotación en hoja de vida con cuatro puntos de demérito. También se propone sanción a Lorena Araya, ex Jefa de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional y al funcionario Cristian Becerra, quien fue Jefe de Finanzas Gobierno Regional.
En Desarrollo Social, hay faltas para dos funcionarias, Tatiana Rentería y Marinka Norero, Ambas de la subsecretaría de Servicios Sociales, mientras que en la Municipalidad de La Serena fue sancionado Sergio Rojas de la Secretaría de Planificación, a quien se le aplicará la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses, con goce del 50% de la remuneración.
INVESTIGACIÓN DE DIPUTADOS
En agosto de 2021, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó el informe con los resultados de su trabajo por el caso. En cuanto a las conclusiones, la primera de ellas la comisión determinó que la ex Intendenta, Lucía Pinto, es la principal responsable política del mayor caso de corrupción de la región de Coquimbo.
“Por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la exautoridad permitió que se defraudara al Fisco por casi 10 mil millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón, La Serena, a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios donde se construiría las nuevas instalaciones del Centro Deportivo”, señala el informe.
“Asimismo, como máxima funcionaria publica de la región, apreciamos el total abandono del principio de probidad administrativa y, en particular, lamentamos el ánimo de burlar las normas generales y especiales que regulan este tipo de materias relativas a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional. Los antecedentes recopilados también nos permiten afirmar que la Exintendenta no cumplió con el debido control jerárquico permanente del funcionamiento del Gore y de la actuación del personal de su dependencia, en especial, con el exjefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplan) y posterior Administrador Regional, José Cáceres; y del exjefe jurídico del Gore, Eduardo Espinoza”, agrega.
Investigación dormida
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantiene una querella criminal por fraude al Fisco contra los principales implicados del caso. De acuerdo al CDE, los Pinto, Cáceres y Espinoza incumplieron dolosamente los deberes de sus cargos, logrando adquisiciones mediante trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados, pese a saber de tasaciones que valoraban en menos del 50% del precio.
Los antecedentes fueron puesto a disposición de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía de Valparaíso, pero aún se encuentra desformalizada la causa, a casi dos años de explotar el caso.
