Concesionaria Ruta del Limarí, operador de la doble vía, tuvo ingresos por $6.888 millones en 2021. Además, criticaron el rol de la secretaría de Estado en la no ejecución de obras.
Al buscar los informes mensuales del contrato “Mejoramiento de la Ruta 43 en la Región de Coquimbo”, adjudicado al concesionario Ruta del Limarí, controlado por Sacyr Concesiones, podrá obtener que, durante el 2021, los ingresos de la empresa llegaron a los $6.888 millones. Por eso, una de las críticas que apuntaron parlamentarios electos de la Democracia Cristina (DC) en la zona, tras conocerse la disputa que enfrenta al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a Sacyr en el Panel Técnico de Concesiones, por obras sin ejecutar, va directamente al costo del peaje.
Uno de los primeros en reaccionar fue el actual diputado y senador electo Matías Walker, quien, tras conocer los hechos, los calificó como “insólitos”, porque “siempre advertimos la desproporción del costo del peaje” en la doble vía.
“En octubre del 2018, incluso convocamos a una sesión especial en la cámara”, comenta el falangista.
Más duro fue su camarada electo en la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes, quién no solo consideró que se deben devolver los recursos solicitados por Obras Públicas -más de US$15 millones- para restituir las confianzas, pero no al fisco chileno, sino a los propios automovilistas, además de criticar a la propia cartera por la tardanza en advertir los hechos.
“El hecho que recién el Ministerio de Obras Públicas cita al panel de expertos, después de cinco años de inaugurada la obra, para concluir que faltan obras. Me parece sorprendente porque creo que ha habido displicencia y falta de rigor técnico del Ministerio (…) Venir a darte cuenta que no existen obras, sino es dejación, no sé qué podría ser”, cuestiona.
Cifuentes acusa que, en reuniones con vecinos de sectores aledaños a la ruta, le han planteado una serie de obras que no se concretaron y que supuestamente estaban consideradas en el plan inicial de ejecución, especialmente en el sector de La Barranca.
“Hoy nos enteramos que la constructora o la empresa Sacyr reconoce efectivamente que tiene obras que generan diferencias con el Ministerio. El tema ya no es que reconozca o no reconozca, sino definir en el Panel Técnico cuáles son las obras que faltan”, cree.
