Corte Suprema fija nuevo comparendo de conciliación para el 16 de marzo por Dominga, tras audiencia que no convence a detractores.
Para el 16 de marzo de este año, la Corte Suprema decidió fijar una nueva audiencia de conciliación para alcanzar a algún acuerdo por el proyecto minero portuario Dominga.
El pasado miércoles 12 de enero, puntualmente, a las 13:30, el ministro de la Tercera Sala de del máximo tribunal del país, Jean Pierre Matus, escuchó a cada una de las partes, sin embargo, ésta no llegó a acuerdo. La audiencia se extendió hasta pasada las 15:30 horas y se desarrolló de forma presencial y telemática. En las afueras del tribunal, mientras, vallas papales rodeaban el frontis edificio por si uno que otro adherente u opositor se acercaban al lugar, pero pocos llegaron.
“El ministro obviamente no puede referirse a este tema porque se trata de una causa en tramitación, y en la que él resolverá. No tenemos acceso a la información de la audiencia, porque estaba reservada para las partes”, decía el equipo de Comunicaciones del máximo tribunal del país a Semanario Tiempo.
Fue el abogado Patricio Leyton, socio del estudio jurídico Ferrada Nehme, quién presentó la propuesta de conciliación a nombre de la empresa. En total, 56 líneas de acciones socioambientales, por US$400 millones, según el titular, que busca arribar a una solución colaborativa, sostenible, que atienda las preocupaciones que han manifestado las partes a lo largo de la judicialización del proyecto (ver tabla).
Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental, son los actores centrales en disputa, pero además existen tres coadyuvantes que apoyan a Dominga -sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, la Asociación Comunal de La Higuera y la Asociación Gremial Minera de la Higuera- quienes tuvieron cita ante los magistrados. En tanto, sus seis detractores van encabezados por la organización medioambientalista Oceana y los abogados de otras cinco personas naturales.
Todos abandonaron sin hacer mayores declaraciones y la conciliación terminó sin arreglo.
El proyecto Dominga considera una inversión de US$2.500 millones para la explotación de 12 millones de toneladas anuales y 150 mil de cobre, como subproducto, durante el mismo periodo. Propone la contratación de 9.800 empleos directos en su fase de construcción, más otros 1.500 durante 22 años de operación. Para el cierre -periodo de dos años- son casi mil trabajos más.
Sin embargo, también tiene sombras, puesto que, a fines del año pasado, una investigación periodística global dio cuenta de una serie de operaciones de distintos líderes mundiales en paraísos fiscales. Uno de estos negocios involucra al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a la compraventa del proyecto minero en las Islas Vírgenes Británicas. De acuerdo a la revelación de “Pandora Papers”, los Piñera-Morel tenían participación en el negocio a través de una cascada de sociedades. Dicha operación se concretó el 10 de diciembre de 2010 por un total de US$152 millones, de los cuales US$14 millones se pagaron en Chile y los restantes US$138 millones se pactaron en el extranjero, en tres cuotas. Dentro de estas tres cuotas, se pactó que la última tendría una condición: se pagaría solo si no se introducían cambios regulatorios que impidieran la explotación de la mina o la construcción del puerto en la comuna de La Higuera.
Conjuntamente, a fines de diciembre, el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, informó que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad había aprobado la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) que si bien resguarda zonas, y fauna y flora de conservación y relevancia ambiental, no excluía la posibilidad de ejecutar proyectos de inversión industrial, tales como actividades portuarias.
Según el abogado de Oceana, Ezio Costa, terminada la audiencia, todas las partes recurrentes -personas naturales en contra de Dominga- deliberaron que no existían posibilidades de llegar a ningún tipo de acuerdo, “puesto que lo que se está discutiendo son las posibilidades de desarrollo de esa zona, a través de actividades que se llevarán a cabo y también de la protección del medio ambiente”.
“Se trata de cuestiones que no están disponibles para discutirse, sino que requieren de un nuevo tipo de acciones, como una nueva evaluación ambiental”, culmina.
¿Qué de nuevo ofreció Dominga en primer llamado a conciliación ante la Corte Suprema?
Si bien la empresa Andes Iron manifestó sus propuestas para conciliar, desde la contraparte no hubo disposición. Fueron más de 50 propuestas socio-ambientales nuevas, cuya inversión se estima en US$400 millones, entre ellas:
- Dotación de agua desalinizada para consumo humano para el 100% de la comuna de La Higuera por 30 años.
- Minimizar el trayecto marítimo. Se propone que el ingreso y salida de los buques sea desde alta mar directamente a Totoralillo Norte y viceversa.
-Disminuir las áreas de tráfico naviero a solo un 15% de las contempladas inicialmente. Así se eliminarían 55 kilómetros de trayecto actualmente contemplado por el Proyecto desde el puerto de Coquimbo a Totoralillo Norte, tal como se aprecia en las siguientes figuras. - Minimizar el flujo de tránsito de naves a solo un barco a la semana (Actualmente el Proyecto contempla un flujo de barcos de entre 4 a 6 barcos al mes)
- Dotar a la comuna con un poder comprador de minerales sulfurados de cobre.
