Mientras la iniciativa minera-portuaria, de unos US$3.000 millones, comenzó obras previas con movimientos de tierra, habilitación de caminos y el despeje de las zonas donde se proyectan los rajos mineros, esta arista busca despejar los pagos al estudio Lagos, Vargas & Silber por asesorías.
Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga, se incorporó a la causa abierta tras una querella de Greenpeace por eventuales actos de corrupción. Aunque la acción no fue dirigida contra la empresa, ésta designó a tres abogados para representarla y ejercer los derechos que le corresponden frente a las imputaciones contenidas en el documento.
En el escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la empresa señala que, aunque no existe una querella nominativa en su contra, “en el cuerpo de aquella (…) sí se imputan hechos que a juicio de los querellantes revestirá el carácter de delitos”. Por esta razón, para la empresa se hizo necesario incorporarse a la causa para “hacer valer los derechos que la ley ha establecido a su favor”.
De este modo, su comparecencia le permitirá acceder a los antecedentes disponibles, presentar documentos, solicitar diligencias y ejercer su defensa.
La acción presentada por la organización ambientalista busca que se investiguen eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos. Fue interpuesta contra todos quienes resulten responsables, sin identificar formalmente a una persona o empresa como autora de los delitos.
Su principal antecedente son los $255,5 millones que Andes Iron pagó entre 2023 y 2024 al estudio Lagos, Vargas & Silber por asesorías relacionadas con Dominga. Dos de sus entonces socios, Eduardo Lagos y Mario Vargas, están imputados y en prisión preventiva en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, donde son investigados por presuntos hechos de corrupción judicial.
Greenpeace sostiene que los informes entregados por el estudio a Andes Iron reproducirían principalmente información pública. También cuestiona que la empresa ya tuviera a Ferrada Nehme como representante en la litigación ambiental.
La querella vincula estos antecedentes con el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien mantenía relaciones profesionales con el estudio y cuya cónyuge, María Cecilia Ramírez, prestó servicios para esa oficina. Matus redactó en enero de 2024 una resolución que resultó favorable para Andes Iron en una causa relacionada con el proyecto Dominga.
Los mismos pagos ya habían abierto otra arista penal. En diciembre de 2025, la Fiscalía Nacional remitió a la Fiscalía Regional de Los Lagos antecedentes entregados por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini por posibles delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.
El proyecto
Dominga contempla dos minas a cielo abierto, una planta desalinizadora para abastecer sus procesos un puerto en el sector de Totoralillo Norte para despachar unos 12 millones de toneladas de hierro, al año. Además, se considera la producción de 150 mil toneladas de cobre.
A inicios de este mes, y luego de 13 años de controversias políticas y judiciales, el proyecto minero-portuario comenzó sus primeras obras, entre ellas movimientos de tierra, habilitación de caminos y el despeje de las zonas donde se proyectan los rajos mineros.
El proyecto contempla una inversión superior a los US$3.000 millones.
Desde su ingreso a evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha pasado por sucesivas instancias administrativas (Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y Comité de Ministros) e instancias judiciales (Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Tribunal Constitucional, Corte de Apelaciones de La Serena y Corte Suprema). En septiembre de 2025, el máximo tribunal del país declaró inadmisibles recursos presentados contra la iniciativa, dejando firme su Resolución de Calificación Ambiental favorable del 2021.
Con esa autorización, Andes Iron comenzó en agosto sus primeras obras en La Higuera y avanza en la obtención de permisos sectoriales, mientras busca un socio para financiar la construcción.
