Mesa de seguridad provincial presentó los resultados del Barómetro de Robo Agrícola y llamó a los parlamentarios a endurecer las sanciones ante la ola de delitos que afecta la producción local.
OVALLE.— Ante la creciente ola de robos que golpea a los productores de la Región de Coquimbo, la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) convocaron a una mesa de trabajo de seguridad rural para evaluar acciones operativas y exigir modificaciones a la legislación vigente.
La jornada contó con la participación de la Fiscalía, Carabineros, PDI, las seremis de Agricultura y Seguridad Pública, y representantes gremiales y parlamentarios. Durante el encuentro, la SAN expuso los datos del Barómetro de Robo Agrícola de la Región de Coquimbo, instrumento que midió la magnitud de las pérdidas, el nivel de victimización y el impacto operativo que han sufrido los agricultores durante los últimos seis meses.
Aunque se valoró la coordinación entre las policías y el Ministerio Público —donde los fiscales Rodrigo Gómez y Nicolás Nicoreanu recalcaron la importancia de la denuncia para nutrir los focos investigativos—, las autoridades y productores coincidieron en que el esfuerzo administrativo es insuficiente si no va acompañado de un endurecimiento de las penas.
La delegada presidencial provincial de Limarí, Ivonne Guerra, enfatizó la urgencia de concretar cambios en el Congreso: “Necesitamos que las leyes cambien. Mientras las leyes no cambien, vamos a seguir en las mismas y teniendo las mismas reuniones”, manifestó, instando a los parlamentarios a asumir un rol activo.
En esa misma línea, el seremi de Agricultura, Vicente Cortés, advirtió que el sector primario suma la delincuencia a crisis previas como la sequía y las heladas. “Tiene que haber un cambio de fondo, principalmente en el delito de robo en lugar no habitado dentro del mundo agrícola, con sanciones más gravosas que sean un desincentivo real para el delincuente”, sostuvo.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, reconoció los límites de la labor preventiva actual sin el soporte normativo adecuado, mientras que Félix Rodríguez, director de la Cooperativa Control Pisquero, alertó sobre la alta afectación que sufren los productores pisqueros de la zona.
Desde la directiva de la SAN, Ulises Contador concluyó que, si bien los cambios legislativos son de mediano plazo, es indispensable mantener operativos de emergencia inmediatos: “Los robos afectan directamente la capacidad de producir de nuestros agricultores hoy, por lo que requerimos fortalecer el trabajo operativo mientras se tramitan las reformas”.
