Quejas por flujo de camiones, movimiento de tierras masivos, eventuales impactos al entorno, deterioro de la calidad de vida, incluso ausencia de instancias de participación ciudadana previo a su construcción, están buscando invalidar la RCA del proyecto y que éste sea sometido a evaluación ambiental.
Movimientos de tierra masivos, flujo de camiones por zonas residenciales, ruidos y alteraciones en la calidad de vida y afectación del entorno. Disminución de la seguridad de tránsito, posibilidad de derrames de aceites, combustibles y otros químicos asociados a la construcción. La falta de publicidad y notificación, y carencia de instancias de participación ciudadana.
Esos son parte de los argumentos esgrimidos por un grupo de doce vecinos contra el concesionario del nuevo hospital de La Serena ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) por el desarrollo de la iniciativa, demanda que también incluyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
“Sin un Estudio de Impacto Ambiental no se evaluaron adecuadamente los riesgos asociados a la obra ni las medidas de mitigación necesarias. El SEA no cumplió con su deber de indagar y evaluar si el proyecto generaría impacto ambiental, como claramente lo establece la ley (…) Sin una notificación adecuada ni mecanismos efectivos de consulta pública, los vecinos no tuvieron acceso a los antecedentes del proyecto ni al contenido de la Resolución N° 187/2022”, sostiene el documento de 21 páginas interpuesto ante la justicia especializada.
“Fundamentos” de la reclamación
Según el escrito, la Resolución Exenta N° 187/2022 emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no fue notificada a las comunidades directamente afectadas por el proyecto “Hospital de La Serena”, lo que constituye una grave vulneración del derecho a la participación pública garantizado por el Acuerdo de Escazú, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el principio de publicidad de los actos administrativos consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.
Se queja, adicionalmente, que el SEA no evaluó ni exigió un análisis serio de los impactos generados por el proyecto, entre los cuales destacan: movimiento masivo de tierras: el transporte de grandes volúmenes de tierra por camiones alteró significativamente la tranquilidad del barrio residencial, afectando la seguridad vial, aumentando el nivel de ruido, polvo en suspensión y dañando los pavimentos.
Asimismo, destaca que las vibraciones generadas por el tránsito continuo de vehículos pesados afectaron las estructuras de las viviendas cercanas y alteraron la calidad de vida de los vecinos, con ausencia de medidas de mitigación.
El futuro recinto asistencial fue adjudicado (firma del decreto) en enero del 2022, por un periodo de explotación de casi dos décadas, y considera una inversión que supera los US$270 millones para la construcción y operación de un establecimiento de alta complejidad, con capacidad para 668 camas, distribuidas en 146 para pacientes críticos, 332 camas médico-quirúrgicas, 90 ginecobstetricias, 48 pediátricas, 18 neonatológicas y 34 para psiquiatría de adulto. A ello se sumarán 15 pabellones, seis salas de parto integral, boxes de consultas médicas, no médicas, dentales y servicio de urgencia. Beneficiará de una población de 723 mil habitantes de las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano, incluso de otras regiones del país.
Ante ello, el grupo de vecinos exige que se invalide el permiso para construir y operar el recinto asistencial, mientras, se resuelva que el proyecto sea sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “con una consulta pública efectiva, que respete los derechos de las comunidades directamente afectadas”.
