El informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, presentado este jueves por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), marca un punto de inflexión en el debate público al desvestir una realidad alarmante: el crimen organizado ya no opera en los márgenes de la sociedad; se ha consolidado como un ecosistema económico paralelo que moviliza más de US$5.700 millones anuales en el país.
Esta radiografía no solo expone una pérdida fiscal de US$1.500 millones, sino que revela una amenaza estructural que destruye el empleo formal, distorsiona los mercados y erosiona los pilares básicos de la confianza ciudadana.
El impacto de este fenómeno adquiere un matiz urgente e inquietante al proyectarse en regiones como la de Coquimbo. Zonas costeras y valles interiores, históricamente vinculados al desarrollo agrícola, pesquero y minero, enfrentan hoy la presión de rutas de contrabando, comercio callejero descontrolado e ilícitos en materias primas. El robo y la comercialización ilegal de recursos estratégicos no solo configuran una competencia desleal para los productores y pymes locales que cumplen con la ley, sino que destruyen de forma directa la seguridad de las cadenas de valor provinciales.
El estudio de la CPC identifica cinco brechas transversales que han permitido el avance de este flagelo, destacando la falta de coordinación institucional y las debilidades en la fiscalización del Estado.
En nuestra región, estas deficiencias se traducen en la vulnerabilidad de puertos y carreteras, espacios que las organizaciones criminales aprovechan para el lavado de activos y el movimiento de flujos financieros opacos. Cuando la ilegalidad desplaza la inversión formal, los fondos que debieron financiar hospitales, escuelas e infraestructura regional se desvanecen en las sombras.
Frente a este complejo diagnóstico, la propuesta de 45 medidas levantada por la CPC —que incluye una Política Nacional contra las Economías Ilícitas y el uso de inteligencia artificial para trazar flujos de dinero— debe ser leída como un llamado urgente a la acción descentralizada.
Para Coquimbo, la creación de una cultura de la legalidad es imperativa. No se trata meramente de un desafío de seguridad pública o de aumentar la presencia policial en las calles; es una condición indispensable para asegurar la supervivencia de la economía formal, recuperar la paz social y evitar que las nuevas generaciones normalicen el progreso al margen de la ley. El Estado y el sector privado regional deben actuar unidos; el futuro de nuestro desarrollo sostenible se juega hoy en esta batalla.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
