(Adaptado de texto de Cardenal F. Chomali, El Mercurio 20 julio 2025)
Enfrentar la corrupción en Chile es una de las grandes prioridades que debe asumir nuestra sociedad. Cuando ese mal penetra en un país se vuelve exponencialmente más difícil erradicarlo. Lanza sus redes de manera transversal en las instituciones, sean públicas o privadas, hasta convertirse en parte del tejido social. Ese panorama sería el fin del Estado de Derecho y el comienzo de un Estado fallido. En estas materias la ingenuidad es una mala consejera, así como la autocomplacencia.
Una de las características más peligrosas de estos nuevos actores de la sociedad radica en el uso y abuso de la violencia de parte de quienes buscan defender a toda costa la autocracia que están construyendo. Da la impresión que construyen verdaderos estados paralelos dentro del Estado. El poder adquisitivo derivado de las operaciones ilícitas va de la mano del aumento de la criminalidad. Por eso el vínculo entre crimen organizado, narcotráfico y tenencia de armas, es absoluto. A la hora de deshacerse de quienes consideran sus enemigos, operan bajo la lógica de que la vida humana no tiene valor y que todo método para “mantener el “negocio” es válido.
A esto podríamos sumar la deserción escolar y el alto porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. En estas condiciones, muchos de ellos podrían ver en el tráfico de drogas una manera fácil de hacer dinero. Además es más fácil que estos se conviertan en presa de quienes buscan corromperlos Cuando ello acontece no hay vuelta atrás. El panorama social en este contexto se torna muy complejo y requiere un análisis multidimensional de corto, mediano y largo plazo, donde todas las instituciones se involucren y adopten medidas rápidas y eficientes para desarticularlo.
Los países no llegan a este punto de forma inmediata sino mediante un proceso que se forja a fuego lento. Se conjuga una sociedad que ha hecho del dinero la medida de su valor, descuidando el florecimiento de la dimensión espiritual del ser humano. Una sociedad que ha sacado de los planes escolares los estudios filosóficos y éticos, que no reconocer el desarrollo de las virtudes humanas como un bien fundamental para la persona y la sociedad.
El drama de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado se da en un contexto de negación e invisibilización de la dignidad humana en aras de una concepción materialista de la existencia, que confirma que para las democracias actuales es el relativismo ético el que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquización de los valores. Aún cuando las noticias en esta materia son desalentadoras, aún estamos a tiempo de dar pasos decisivos para detener este flagelo, asumiendo que mientras más sólida es la democracia de un país que se rige por el Estado de Derecho, menores son los índices de corrupción. Por otra parte, mientras mejores niveles de educación tenga un país, menor será la corrupción. En esta materia hemos ido perdiendo terreno por el claro deterioro que ha experimentado la educación pública en nuestro país.
Ante esta realidad es necesario poner atención a los “pequeños” signos de corrupción, como el uso de influencias, la evasión de impuestos, el aprovechamiento de información privilegiada y tantas otras situaciones que conducen a la población a percibir que estos abusos no tienen sanción simplemente porque “todos lo hacen”. En este sentido es urgente que esto sea erradicado a través de una seria revisión de los programas educativos para fortalecer la virtud y la ética individual para fortalecer la responsabilidad colectiva frente a nuestros actos.
Esto significa que trabajar para eliminar la corrupción es tarea de todos, que compromete a todos los actores de nuestra sociedad a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida y la realidad humana, ya que sabemos que lamentablemente mientras haya demanda siempre habrá alguien dispuesto a asumir riesgos para satisfacerla.
El tiempo para eliminar el flagelo de la corrupción es ahora. La responsabilidad es nuestra. Tenemos un deber ético fundamental que consiste en heredarle a las futuras generaciones una sociedad que supo sobreponerse a una amenaza extremadamente destructiva, adquiriendo una sólida formación ética mediante un riguroso y eficaz proceso educativo desde la primera infancia, fundamentado en la antropología de la fraternidad y del servicio a la comunidad.
