Solicitud de la presidenta del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Sandra Álvarez, va dirigida a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, esta última quien actúa como secretaria Ejecutiva de la instancia ministerial que revocó a inicio de este año -y de manera unánime- el permiso ambiental que poseía el proyecto de hierro.
Por estos días, Valentina Duran, directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y secretaria Ejecutiva del Comité de Ministros, debería responder el oficio de la presidenta del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), Sandra Álvarez, quien solicitó los antecedentes que fundamentaron el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga.
La petición de la ministra se fundamente en marco del proceso legal, luego que el 1TA decidiera admitir a trámite la reclamación que presentó Andes Iron, titular de la iniciativa minero-portuaria, luego que la instancia ministerial acogiera doce reclamaciones contra Dominga a mediados de enero de este año. Ello significó que perdiera su Resolución de Calificación Ambiental (permiso ambiental).
En ese sentido, la empresa requirió que se deje sin efecto la resolución que objeta la iniciativa y aduce variados fundamentos, entre ellos que es ilegal pues abiertamente contradice lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en causa rol R-1-2017; que el proyecto ha sido rechazado exclusivamente en instancias políticas; y; que Dominga es plenamente compatible con el ordenamiento territorial y con la protección del ecosistema del territorio donde pretende localizarse, entre otros.
Como primera alegación, argumentó que “se han tenido a la vista consideraciones no técnicas sino políticas y sin cumplir las directrices jurisdiccionales” y aseguró que “ha superado el test técnico ambiental una y otra vez”.
“Dominga ha sido un proyecto que, como pocos, ha superado repetidamente las exigencias más elevadas en materia ambiental, tanto en sede administrativa como judicial; posicionándolo como uno de los proyectos con escrutinio más intenso en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, dijo el escrito.
Otro aspecto cuestionado por el reclamante es la aseveración del Comité respecto a que los tribunales ambientales no pueden establecer directrices. “El tribunal ambiental es un tribunal especializado, facultado para pronunciarse sobre temas técnico-ambientales, contrario a lo sostenido por el Comité de Ministros”, se estipula en el documento.
Además, Andes Iron afirmó que dio estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por el órgano jurisdiccional respecto al área de influencia, la línea base, la identificación de impactos y medidas.
Proyecto
El proyecto minero-portuario Dominga, cuya inversión es de US$2.500 millones, se localiza en la comuna de La Higuera. Su objetivo es la producción y comercialización de concentrado de hierro como producto principal y de concentrado de cobre, como subproducto.
Considera la producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, como resultado de la explotación de dos rajos. El concentrado de hierro será enviado a través de un concentraducto subterráneo al terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte, distante a unos 30 kilómetros de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt.
