Con mucha energía se celebra la llegada de buses eléctricos a La Serena, Coquimbo y Ovalle, sin duda son una tremenda solución para el medio ambiente y mejora en la calidad de las máquinas. Además, un punto clave es que cuentan con sistemas de pago y registro de usuarios mediante tarjetas, lo cual permite trazabilidad, estadísticas, información clave para poder mejorar el servicio.
Bien por aquello.
Sin embargo, uno de sus defectos siguen siendo sus recorridos y la frecuencia. Esto debido a que las arterias principales siguen siendo usadas por el transporte mayor tradicional, que en resumidas cuentas se mueve bajo sus propias reglas.
A diferencia de los buses eléctricos los buses interurbanos antiguos tienen otro estándar, no han logrado renovar flota y normalmente los vemos atestados de personas en horarios punta, no se detienen donde deberían y muchas veces prefieren no detenerse, aunque sea un paradero, aunque tengan espacio, simplemente porque prefieren no llevar estudiantes.
La pregunta es por qué razón los evitan, si están recibiendo una subvención del Estado para su traslado. Y el meollo del asunto está en la política de incentivos. Puesto que ese subsidio llega al dueño de la micro, probablemente según un cálculo estimativo, puesto que las micros tradicionales no usan tarjetas electrónicas ni entregan boleto, por lo cual es imposible saber a cuántos estudiantes trasladan. Y si el chofer recibe algún porcentaje de su producción diaria, evidentemente nunca va a priorizar el traslado de estudiantes puesto que ganará menos en su porcentaje y además como el subsidio llegará igual, aunque sean más o sean menos estudiantes, y aunque el servicio sea de mejor o de peor calidad.
El colapso evidente del tránsito en la conurbación exige imperiosamente que se revisen los procedimientos, se tomen medidas profundas que permitan a los usuarios contar con un transporte público de calidad que sea una real alternativa al uso del vehículo.
Las calles no soportan más tránsito. Y los estudiantes exigen ser tratados con más dignidad, más aún cuando se está pagando con fondos públicos por un servicio que no se está entregando.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
