La acción fue interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y pretende establecer supuestas gestiones del exliquidador Tomás Andrews que afectaron la imparcialidad, la probidad de la administración pública, así como la fe concursal del proceso, donde habría obtenido un beneficio económico que supera los $544 millones.
La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) interpuso una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del liquidador Tomás Andrews, a quien se acusa de los presuntos delitos de otorgamiento de ventajas indebidas, negociación incompatible y cohecho a funcionario público al dirigir el proceso cuando la faena se vendió al empresario turco-austriaco Cevdet Caner por $12.093 millones.
La acción legal del ente regulador va dirigida también “contra todos quienes resulten responsables”. Sin embargo, en el escrito lanzó duros cuestionamientos al rol de Andrews como ministro de fe en el ejercicio de su cargo, afectando la imparcialidad y probidad de la administración pública, así como la fe pública concursal.
Para la Superintendencia, las irregularidades habrían operado bajo un “esquema de corrupción” diseñado para favorecer a la Compañía Minera Tres Valles SpA. A cambio de estas gestiones, el liquidador habría obtenido un beneficio económico ilícito que supera los $544 millones.
En su querella, el organismo público solicitó “el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Tomás Andrews Hamilton, de su sociedad de abogados y de CMTV SpA, para reconstruir la ruta del dinero de los $544 millones y detectar otros posibles pagos ilícitos”.
También pidió citar a declarar a Francisco Javier Allendes Barros, en su calidad de presidente de la Junta de Acreedores de MTV y representante del acreedor Kimura Commodity Trade Finance Fund Limited. Cabe recordar que este fondo de origen británico acusó que existía otra oferta -de una firma de capitales rusos, Thompson & French- que había ofrecido US$75 millones por la faena y operación emplazada en la provincia del Choapa.
El 17 de febrero de 2023, el 30° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de Minera Tres Valles SpA. La quiebra de la empresa se concretó luego de que la justicia declarara el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial que la compañía arrastraba desde 2020. Fue en esa instancia donde el tribunal designó a Tomás Andrews como liquidador titular, entregándole a Andrews la administración y el control de los activos de la minera.
El operativo incluyó la toma de control de los yacimientos “Papomono” y “Don Gabriel” en Salamanca, las plantas de procesamiento y de cátodos de cobre, además de derechos de agua y concesiones mineras.
A fines de diciembre de 2024, el martillero reportó en el Boletín Concursal que CMTV pagó los $12.093 millones “con cargo a sus créditos”, es decir, cruzando la deuda. Sin embargo, casi un mes después, en enero de 2025, el acta tuvo que ser rectificada para aclarar que no se trataba de un canje de deuda, sino que el comprador debía desembolsar la suma íntegra.
El proceso siguió su curso bajo la administración de Andrews. El 21 de marzo de 2025, el liquidador y los representantes de CMTV suscribieron la escritura de compraventa definitiva, sellando el traspaso total de los activos.
El 27 de junio de 2025, la Junta de Acreedores decidió reemplazar al liquidador y nombraron en su lugar a Eduardo Godoy Hales.
