El organismo formuló observaciones en la gestión de lodos y pidió mayor información sobre el monitoreo de aguas, parámetros involucrados y criterios de decisión para la descarga del recurso. Además, incorporó la postura de la Comunidad Diaguita El Corral de Alta Cordillera, quiénes desmintieron la existencia de un proceso de levantamiento de información.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama emitió un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”, presentado a inicios de 2024 por Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold.
La inversión comprometida asciende a los US$136 millones y se trata de una iniciativa con un horizonte a diez años, donde Barrick daría por finalizado el proyecto por el lado chileno (Pascua), presentado en 2001 y en donde se proyectaba la explotación de oro, plata y cobre, además de otros minerales.
Según el organismo, entre las principales observaciones, el SEA cuestiona la gestión de lodos, solicitando detallar acciones concretas: tipo de vehículos, distancias de traslado, frecuencia de retiro y destino final autorizado.
También pidió mayor precisión sobre los puntos de monitoreo de aguas, indicando que no se especifica el rol actual ni cómo esa información se traduce en ajustes operacionales. En ese sentido, exigió aclarar mecanismos operativos, parámetros involucrados y criterios de decisión para la descarga.
El informe incorpora directamente la postura de la Comunidad Diaguita El Corral de Alta Cordillera, que desmintió la existencia de un proceso de levantamiento de información: “Lamentamos profundamente que, en los documentos presentados, se afirme que se llevó a cabo un proceso de levantamiento de información, lo cual desmentimos categóricamente ya que nunca se ha realizado dicho proceso con esta comunidad”.
Asimismo, se solicita reevaluar impactos culturales y de acceso territorial, con especial atención al uso de hierbas medicinales.
Cabe recordar que en septiembre del 2020, el 1TA decidió la clausura total y definitiva del proyecto y mantuvo la multa de más de siete mil millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, al aplicar a la minera diversas sanciones por infracciones calificadas como graves y gravísimas.
