Además instó a mantener los canales de información “formales” con que se dan a conocer los dictámenes. Esto a raíz de otro escrito del ente contralor que objetó el trato directo en la compra del terreno para el hospital de Coquimbo: “Nos enteramos con un consejero de oposición”, dice.
“En este casos trabajamos en conjunto: la Intendenta nos envía sus priorizaciones de los distintos proyectos y como Consejo aprobamos o rechazamos, siempre actuamos en conjunto”. Así sale al paso la presidenta del Consejo Regional (CORE), Adriana Peñafiel, a raíz del dictamen de la Contraloría General de la República que, el 24 de agosto, cuestionó el uso de $4 mil millones, procedentes del 6% de fondos concursables del FNDR para destinarlos a la pandemia.
La propuesta realizada por la intendenta Lucía Pinto, sostiene el ente contralor, solo fue informada al Consejo Regional, no obteniendo la aprobación de este cuerpo colegiado. Así no se habría dado curso al instrumento del «Instructivo funcionamiento 6% fondos de cultura, deporte y social y de prevención y rehabilitación de drogas», del Gobierno Regional. “No se advierte el fundamento por el cual esa entidad dispuso la flexibilización de las atribuciones conferidas al Consejo Regional, cual es la aprobación de la distribución de los recursos en cuestión, a la sola información por parte de la autoridad”, detalla el dictamen.
Peñafiel explica que el Gobierno Regional está constituido por el Ejecutivo, representado por el Intendente y el Consejo Regional, este último cuerpo colegiado electo por la ciudadanía. “Estas dos instancias forman el Gobierno Regional, pero en este caso trabajamos en conjunto, me he fijado que hay bastante confusión”, complementa.
Los montos corresponden a $299 millones al fondo de cultura, $79 millones al fondo de deporte, $2.320.000 al fondo social y rehabilitación de drogas, en marco del 6% de Fondos Concursables, se había solicitado aprobar la modificación del Artículo 4° del «Instructivo Funcionamiento 6% Fondos de Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social y Rehabilitación de Drogas y Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental 2020», presentado por la intendenta Lucía Pinto el 4 de junio de 2020.
Canales formales
Peñafiel instó además a la Contraloría a utilizar los canales formales de comunicación para dar a conocer los dictámenes a las partes involucradas en sus fiscalizaciones o auditorias. Esto en el caso en que el ente contralor realizó objeciones a la Intendencia de Coquimbo por adoptar la modalidad de “trato directo” en la compra del terreno de La Cantera para el futuro hospital San Pablo de Coquimbo.
Si bien Peñafiel advierte que el rol de la Contraloría es procurar por la correcta utilización de los recursos públicos a la que están sometidos los órganos que pertenecen a la administración del Estado, además que el CORE no es la institución cuya responsabilidad tenía en la compra del predio, ya conocían la información del dictamen a través de un consejero de oposición.
“Recuerdo que cuando fui alcaldesa de La Serena, muchas veces las informaciones antes de tenerlas en conocimiento como persona que era directamente afectada, se conocían previamente, salía la documentación, de dónde no sé. Y eso lo traigo a colación porque el caso que hoy se está tratando de los terrenos para el hospital San Pablo, nosotros como Consejo nos llegó por un consejero, a través de una vía informal, y el oficio de la Contraloría no va dirigido al Consejo”, culmina.
