Una nueva evaluación de desempeño ambiental de Chile entregó este mes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la que abordó la situación del agua en nuestro país, entre otras áreas clave. El organismo ratificó que ante la sequía que se registra por más de 14 años se deben impulsar acciones importantes pues las pérdidas productivas son cuantiosas.
El reporte de la OCDE indica que hay desafíos como contar con una nueva infraestructura hídrica para el consumo humano y las diversas industrias. Las señales indican que existe disposición de los privados para el financiamiento de obras sobre la base de la rentabilidad de productos de exportación de alta demanda y también de la autoridad sobre la base de de generar beneficios sociales, ambientales, ecosistémicos y de apoyo a los pequeños productores
En esa línea, el análisis internacional consigna que es clave la Alianza Pública-Privada (APP). Por eso, uno de los caminos podría ser la Ley de Concesiones. Hasta ahora no se ha podido romper el círculo y se siguen destinando recursos a camiones aljibe y subsidios, en vez de invertir ese presupuesto en obras para enfrentar la sequía.
La desalación y la reutilización de aguas deben ser consideradas para tener nuevas fuentes disponibles. Ya se ha avanzado en consensos para construir una planta desaladora en la Región de Coquimbo y, al mismo tiempo, la construcción de embalses y la explotación de los acuíferos podrían ser soluciones para el valle central.
El informe de la OCDE también aborda la institucionalidad en torno a los recursos hídricos: se han identificado una multiplicidad de organismos a cargo de esta área, pero si las entidades con atribuciones reguladoras se coordinaran, habría una mejor gestión.
En paralelo, es importante considerar que las juntas vigilancia -instaladas en los territorios donde se ubican las cuencas-, cumplen un rol fundamental en cualquier diseño, pues están constituidas por grandes y pequeños usuarios del agua, de diversos sectores (consumo humano, agricultura, hidroelectricidad y otros).
En cuanto a participación ciudadana, se esperaría un reconocimiento de que, por muy competentes que sean los equipos profesionales del Estado, el trabajo realizado junto a las organizaciones de usuarios del agua -en especial con las juntas de vigilancia- es imprescindible para lograr sinergias.
También se debe valorar que hoy existe estabilidad en la regulación y la institucionalidad en el ámbito hídrico, la que se presenta luego de un periodo de amenazas refundacionales tras los procesos constitucionales. Este escenario se ha logrado después de largos años de debate para conseguir consensos.
En suma, la coordinación entre los diversos sectores, una mayor participación ciudadana, nuevas inversiones en infraestructura adaptadas a las necesidades emergentes y una verdadera y colaborativa Alianza Pública-Privada nos pondrían en un mejor pie para enfrentar las amenazas y desafíos de esta crisis.
Por Luis Jorquera
Asesor Consejo de Políticas
de Infraestructura.
