Hace una década, la pesca industrial de la Región de Coquimbo dio un giro estratégico al convertirse en pionera nacional tras certificar sus operaciones bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC). El hito, promovido por Sonapesca y la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros (AIP), fue celebrado como el “pasaporte de entrada a la Champions League” del comercio internacional en ferias como Boston, Barcelona o Shanghái. Sin duda, pasar de severos cuestionamientos por el uso de artes extractivas como el arrastre a someterse a auditorías independientes junto a Sernapesca e IFOP representó una audaz jugada comercial y de gobernanza privada.
Sin embargo, desde la perspectiva editorial, la conmemoración de este décimo aniversario nos obliga a ir más allá del triunfalismo corporativo. Si bien el sello azul garantiza un acceso preferencial a mercados exigentes donde la trazabilidad determina el precio, la sostenibilidad pesquera global atraviesa hoy una profunda crisis de credibilidad que la industria chilena no puede obviar.
A nivel internacional, el propio modelo de certificación MSC ha enfrentado duras críticas de científicos y ONGs conservacionistas en Europa y América del Norte. Casos recientes en la pesca del bacalao en el Atlántico Norte o del atún en el Pacífico revelan que varios sellos ecológicos han sido otorgados a pesquerías que aún mantienen niveles considerables de captura incidental (bycatch) de megafauna marina, o que operan al límite de la capacidad de regeneración de las biomasas. La principal advertencia global es clara: la certificación corre el riesgo de transformarse en un ejercicio de greenwashing institucional si no va acompañada de una reducción drástica del impacto sobre los lechos marinos.
Asimismo, la crisis climática introduce variables que los sellos tradicionales difícilmente capturan. En latitudes del hemisferio norte, la redistribución de especies por el calentamiento de los océanos ha provocado descalces entre las cuotas sostenibles certificadas y la realidad biológica de las costas. En Chile, la sobreexplotación histórica de recursos clave y los vacíos en la fiscalización de la captura ilegal siguen siendo asignaturas pendientes que no se resuelven únicamente con la auditoría de un tercero internacional.
El avance de Coquimbo demostró que la rentabilidad y la sostenibilidad pueden coexistir. No obstante, para que la pesca industrial chilena mantenga su liderazgo, debe asumir que un sello internacional no es la meta final, sino el piso mínimo. Las deudas pendientes con la protección efectiva de la biodiversidad bentónica y la resiliencia oceánica exigen elevar la vara más allá de los incentivos comerciales del mercado global.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
