Entre tantas discusiones ideológicas de este último tiempo, también hay otras que son muy prácticas y de alto impacto para la comunidad. Una de ellas es el avance de la nueva ley del cáncer.
La nueva regulación es relevante puesto que se trata de una enfermedad que produce cerca del 25% de todas las muertes en nuestro país, con alrededor de 28 mil decesos al año. Es la primera causa de muerte en nuestra región de Coquimbo.
En Chile se estima que al año hay 35 mil nuevos casos de personas con cáncer y según dijo hace pocos días en el congreso nacional el ministro de salud, Enrique Paris, Chile ostenta el triste record de tener un 49% de mortalidad por cáncer entre adultos cada año.
Sin embargo, debemos decir que este último dato, en estricto rigor, no existe en ninguna base de datos pública, confiable y actualizada, que permita decir con precisión cuál es la tasa de mortalidad y tasa de letalidad. De hecho, la información disponible es un punto que se recoge en esta nueva ley.
Sabemos por ejemplo, según las “Estadísticas Vitales” que elabora el INE, que el año 2017 (para el año 2018 solo hay datos provisorios), que por tumores malignos ese año fallecieron 26.229 personas, es decir 71 personas cada día. De los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dependiente del Ministerio de Salud, mejor ni hablar. Son bastante básicas respecto al cáncer.
Quizás como referencia, puede servir que respecto del Covid-19 contamos con información mucho más detallada y actualizada que la del cáncer. Sabemos, por ejemplo, que en Chile hay 9.800 muertes desde marzo a la fecha y una tasa de letalidad de 2,68% (porcentaje de muertos respecto del total de contagiados).
Por eso es importante que mediante una Política Nacional del Cáncer se pueda planificar, desarrollar y ejecutar políticas públicas para establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer.
Con esta nueva iniciativa se crea una red nacional de centros oncológicos, del registro nacional de estos pacientes y un fondo para financiar estas prestaciones.
Un punto muy relevante es que se establecerán guías de práctica clínica para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer y patologías asociadas, que serán obligatorias para el sector público y, referencial para el sector privado. Lo cual sin duda debería ser una gran orientación para las familias que entran en la incertidumbre de la enfermedad.
Además, se creará el Fondo Nacional del Cáncer, destinado a financiar total o parcialmente programas y proyectos que se encuentren exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer.
En fin, se prohibirá cualquier tipo de discriminación a personas que hayan padecido o que padezcan de esta enfermedad.
Quizás una de las grandes lecciones que nos deje esta pandemia del COVID-19, es asumir que si es posible metódicos, organizados, trabajar con más y mejor información para elaborar mejores políticas públicas.
Victor H. Villagrán
Director Semanario Tiempo
