El dictamen interpretativo del Servicio Nacional del Consumidor obliga a respetar los plazos de entrega comunicados mediante canales como correos electrónicos o WhatsApp, generando nuevos desafíos para el sector.
Hace unos días el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió un dictamen interpretativo que busca establecer un importante precedente en el mercado inmobiliario chileno, determinando que los plazos de entrega comunicados por las inmobiliarias a los compradores, ya sea por correo electrónico, WhatsApp u otros medios de comunicación, serán considerados como una obligación contractual. Desde el mundo inmobiliario, expertos advierten sobre los impactos que tendría la medida en el negocio.
El dictamen determina que los plazos de entrega, especialmente para proyectos vendidos en blanco o en verde, deben cumplirse si fueron comunicados a los compradores, siendo un cambio significativo para el sector, ya que busca proteger a los consumidores que invierten importantes sumas de dinero en propiedades que aún no se construyen, asegurando que las promesas de plazos de entrega sean cumplidas por las empresas desarrolladoras.
“Desde el punto de vista del comprador, esta medida parece justa ya que estos están poniendo un pie y pagando en cuotas a la inmobiliaria por un proyecto en blanco o en verde. El cliente está entregando dinero hoy para recibir una propiedad en dos o tres años más, y ese dinero entregado no está generando ningún interés ni retorno durante ese período. Eso sí, para las inmobiliarias, esto es un golpe duro, dado que producto de factores externos, como el estallido social y la pandemia, han sufrido por una logística más compleja y costos más elevados en los materiales y administración, lo que, en definitiva, es lo que sigue afectando a la entrega de algunos proyectos”, señala Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, empresa encargada de asesorar inversionistas inmobiliarios y que cuenta con presencia en el mercado nacional e internacional.
Externalidades críticas
El especialista apunta a que hay factores críticos desde fuera de la operación como tal de la inmobiliaria, que pueden influir negativamente en el cumplimiento de esta iniciativa: los permisos municipales o de otro ente regulador. “Un edificio puede estar terminado, pero obtener los permisos necesarios puede demorar tres, cuatro, seis meses o incluso años más. Tenemos ejemplos emblemáticos como un edificio en Recoleta que lleva más de ocho años detenido por falta de permisos”, indica el experto.
Asimismo, el especialista señala posibles efectos contrarios que podría generar esta medida, dando paso a que las inmobiliarias extiendan los plazos de entrega, para tener una salvaguarda en caso de que la “permisología” no permita una entrega en un tiempo establecido.
“Las inmobiliarias pueden terminar diciendo desde el principio que entregarán el proyecto en cinco años, reteniendo el dinero del comprador durante ese plazo. Otro aspecto a considerar, es que si se entrega la propiedad antes de lo previsto, el comprador podría no estar en condiciones para obtener un crédito según la estructura financiera que había planificado, por lo que hay que considerar esas variables”, comenta Cristián Martínez.
El dictamen interpretativo del SERNAC parece responder a una creciente demanda de los consumidores por mayor certeza en sus inversiones inmobiliarias, especialmente considerando el significativo compromiso financiero que estas representan. “Esta es una buena medida siempre y cuando todos los actores involucrados en el proceso estén alineados con los mismos plazos y tiempos: municipalidades, notarios, conservadores de bienes raíces. De lo contrario, puede jugar en contra y terminar causando más daño que siendo un beneficio”, cierra el experto de Crece Inmobiliario.
